¿La seguridad impactará en las elecciones de 2027?

El próximo año los mexicanos estamos llamados a renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 680 presidencias municipales.

De todos los cargos de elección popular, es en las gubernaturas y en las presidencias municipales donde pesa más el desempeño de los gobiernos salientes para decidir por quién sí y quién no votar.

Por ello, las elecciones de 2027 pueden tener un resultado muy diferente respecto a lo ocurrido en 2024, si en la última gran elección el oficialismo arrasó —mantuvo la Presidencia de la República, la mayoría absoluta en cámaras y se llevó la mayor parte de gubernaturas, congresos locales y alcaldías—, el próximo año podría mostrar una fotografía muy diferente.

Tras ocho años de gobierno morenista a nivel federal, el desgaste natural del poder podría empezar a cobrar factura.

Desde la campaña del expresidente López, el partido Morena prometió muchas cosas que no se han logrado: paz, seguridad, justicia, cero corrupción, crecimiento del PIB entre el 4% y el 6%, el mejor sistema de salud pública del mundo, educación de calidad, el litro de gasolina a 10 pesos, cero endeudamientos, entre otras.

Si en los primeros años de gobierno podía justificarse que el rumbo del país no fuese el prometido, dados los efectos de las herencias malditas del pasado, con el pasar de los años resulta cada vez más difícil justificar por qué no se han cristalizado tantas y tantas promesas.

Particularmente si hablamos de incidencia delictiva, inseguridad y violencia, el país se mantiene con los peores resultados de todo el mundo.

Pese a la narrativa oficial acerca de la supuesta reducción de delitos, los mexicanos todos los días sufrimos en carne propia la ocurrencia de un sinfín de hechos violentos.

Mientras que en el último informe de gobierno la presidenta presumió una caída sustancial de homicidios y robos, en el país se mantienen los homicidios múltiples, el desplazamiento forzado, las desapariciones, el control territorial por parte de la delincuencia organizada, la corrupción de autoridades y la falta de acceso a la justicia para las víctimas.

Precisamente dicho informe omitió reconocer que la crisis de personas desaparecidas llegó a su máximo nivel histórico, que los delitos que son generadores de violencia extorsiones, narcomenudeo, trata de personas- mantienen un comportamiento al alza, que la corrupción crece y crece, que las autoridades revictimizan a quien sufrió un delito y que la estadística oficial cada día es menos confiable.

¿Los mexicanos castigaremos a los gobernantes por la falta de resultados en seguridad? No lo sé, si bien es deseable, es probable que sólo una parte del electorado tendrá en cuenta la deuda que nuestros gobiernos mantienen en dicha materia.

En su campaña presidencial, el entonces candidato demócrata Bill Clinton, tenía impresa en su casa de campaña la frase “es la economía, estúpido”, para indicar que nada pesaba más en una elección que el bolsillo de los ciudadanos.

En México la situación es diferente. Debemos empezar por reconocer que la mayor parte de los votantes mexicanos lo hacen de manera corporativa, es decir votan por aquellos partidos que detienen los programas sociales, los acarrean y les regalan dinero.

Rara vez los electores conocen a sus candidatos, su trayectoria, honorabilidad, ideas y propuestas. Tampoco conocen sus funciones ni la importancia del impacto que puede tener elegir a alguien.

Sin embargo, tras más de 20 años de violencia, puede que nuestro electorado tome en consideración lo que se vive en las calles, en el transporte público, en las carreteras de todo el país, para decidir a quién le otorga su voto y confianza.

Por ejemplo, entre las entidades que renuevan gubernatura se encuentran por lo menos 11 con altos índices delictivos y de violencia -Baja California, Chihuahua Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas-, entre ellos sobresalen los casos de Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, donde las condiciones son casi o abiertamente de ingobernabilidad.

¿Tolerarán los colimenses que su entidad se mantenga como la más violenta del país tras 11 años de crisis? ¿Volverán a confiar en los mismos gobernantes los bajacalifornianos y michoacanos tras vivir bajo el yugo de la extorsión? ¿Los sinaloenses darán su voto al partido que ha sido incapaz de controlar el territorio cuando llevan dos años en situación de guerra?

Es deseable que el elector sancione o premie a aquellos gobiernos que han logrado demostrar con hechos su capacidad de atender las problemáticas sociales.

Continuar a votar por partidos y políticos sin haber evaluado sus resultados significa garantizarles la impunidad. Ello es muy peligroso, recordemos que una mala conducta que no se castiga, está destinada a repetirse.

Los mexicanos hemos escuchado una y otra vez discursos que apuntan a que ahora sí las cosas se harán bien sin que hayamos podido disfrutar esas mejoras tan cacareadas por los políticos.

Los electores mexicanos mostrarán su madurez si en 2027 premian a quien sí cumplió y sancionan a quien no supo gobernar.

El voto importa, es un instrumento clave y es nuestro deber usarlo con conciencia si queremos lo mejor para el país y para nosotros mismos.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano

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