En la democracia de Pericles, en Grecia, siglos V y IV AC, se instituyó el derecho, el privilegio y la obligación de hablar con verdad (parresia) en la plaza pública, sin importar las consecuencias. Ante la creciente retórica y mentira de los sofistas que proliferaron en la época, la democracia estableció el deber ético de hablar con verdad, porque si vivimos en sociedad, se debe hablar con verdad, ya que de esa manera cuidamos unos de otros. 

El filósofo francés Michel Foucault retoma el concepto de parresia durante sus cursos en el Collêge de France en la década de los 70 y parte de los 80. La parresia es etimológicamente la actividad consistente en decirlo todo: pan rhema. Parrhesiázesthai es decir todo. El parrhesiastés es el que dice todo. 

De ahí que la parresia, en sentido positivo, es decir la verdad sin reserva, sin retórica que pueda enmascararla; igualmente, es decir la verdad, pero toda la verdad, sin solo decir una parte que atienda a los intereses de quien la dice, sino todo lo que corresponde a la verdad, aunque no esté en función de los intereses de quien lo dice. La parresia, el decir verdad, es parte sustancial de la democracia.  
El actual momento que vive México y en la víspera del informe presidencial, se nos presenta la urgencia de instituir una ley de parresia, porque la mentira y la manipulación de la realidad empiezan a invadir la vida pública. Es momento de impulsar una reforma constitucional para establecer sanciones en caso de que el titular del Ejecutivo mienta en su relación con el Congreso de la Unión.  

Quien gobierna está obligado a normar su relación con el Congreso bajo protesta de decir verdad. La falta de verdad, la opacidad y la retórica en el manejo de la pandemia por Covid-19 en México indican claramente que llegó el momento de legislar sobre la obligación de hablar con verdad para que, frente a la realidad objetiva, el titular de Ejecutivo nunca más sostenga: “yo tengo otros datos”. 

Este gobierno ha mentido en su relación con el Congreso y ese debería ser motivo de sanción, por ejemplo, el Secretario de Seguridad Pública federal en comparecencia en el Senado dijo que no había habido una instrucción para liberar a Ovidio Guzmán en el llamado “Culiacanazo”, pero posteriormente el presidente de la República dijo que fue él quien dio la orden. 

Al principio de la administración, el secretario de Comunicaciones y Transportes informó ante comisiones del Senado que no se había encontrado corrupción durante la construcción del nuevo aeropuerto, pero igual el presidente lo desmintió al decir que sí encontraron irregularidades que no se han expuesto ante autoridad. 

En una democracia consolidada, ambos servidores públicos e incluso el titular del Ejecutivo podrian ser sancionados. En algunos países la mentira se castiga con cárcel, en otros con multa y en otros es la pérdida del cargo, que es una de las opciones para México: que todo servidor público que falte a la verdad en su relación con el Congreso pierda su cargo. 

El Poder Ejecutivo es parte fundamental de la democracia; contribuye con su institución a la administración de los recursos de la nación y, junto con el Poder Legislativo y Judicial, forma el Estado democrático que el pueblo ha elegido como representantes sociales.  

En la Constitución no existe la posibilidad de destituir al titular del poder Ejecutivo ni a los secretarios del gabinete legal o ampliado por mentir al Congreso; no existe el fundamento ni los procedimientos en la ley para así llevarlo a cabo.  

Ante ello, debe haber una modificación constitucional que expresamente ligue tres elementos: Poder Ejecutivo, destitución y parresia, que implica que el Ejecutivo ha faltado a la verdad como causa grave ante el pueblo y sus representantes políticos electos, de los que se constituyen como un mecanismo de investigación y evaluación; aunado a ello se contemple al Poder Judicial como ente sancionador. 

Es tal la importancia, relevancia y consecuencia de la verdad y la parresia en los actos de gobierno que cabe enfatizar en su utilidad en un sistema democrático que ha demostrado tener fallas estructurales para sancionar, para detener la mentira e ineficiencia de los gobernantes. 
Es momento de abrir el debate sobre la urgencia de hablar con verdad en nuestra democracia. El primero que debe estar obligado a hacerlo es el presidente de la República. 
 
 

Secretario de Comunicación de Acción Nacional 
@Felipe0465 

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