Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Paz. Más que una fecha simbólica, es una oportunidad para recordar que la paz no significa solamente ausencia de violencia: también supone condiciones de seguridad, dignidad, oportunidades y cooperación que permitan a las personas desarrollar plenamente sus proyectos de vida.

En México, esta visión encuentra correspondencia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, vigente en 2026, que plantea una concepción integral de la seguridad y articula cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre las instituciones de seguridad y los distintos órdenes de gobierno. Su primer eje reconoce que construir paz también implica ampliar el acceso a educación, trabajo, salud, vivienda, deporte y cultura, especialmente entre jóvenes y grupos prioritarios por su grado de vulnerabilidad. El propósito es ayudarles a construir un mejor proyecto de vida, eliminar las brechas de desigualdad social y prevenir que se involucren en actividades delictivas.

En ese entramado, la Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad específica e indispensable. La ley establece, entre las atribuciones del Ministerio Público de la Federación, investigar y perseguir los delitos, procurar una justicia pronta y debida, recibir denuncias e iniciar con eficiencia las investigaciones correspondientes. Cumplir esa función con rigor tiene una dimensión que trasciende cada expediente. Investigar un delito significa esclarecer los hechos; identificar a quienes resulten responsables conforme a la ley; proteger los derechos de las víctimas y contribuir a que la sociedad recupere confianza en sus instituciones.

Por ello, procuración de justicia y política de seguridad no son tareas separadas. La investigación profesional y la inteligencia permiten enfrentar las expresiones concretas de la violencia, pero la atención de sus causas ayuda a reducir las condiciones que pueden favorecerla. Ambas dimensiones requieren instituciones sólidas, coordinación y una actuación apegada a la legalidad y a los derechos humanos.

En la Fiscalía General de la República tomamos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo con suma seriedad; escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos y actuar conforme a la ley es nuestra forma de contribuir a generar condiciones para la paz.

Pero la paz tampoco puede ser responsabilidad exclusiva de las instituciones. Requiere la participación de los gobiernos, sí, pero también de las comunidades, las familias, las escuelas, los sectores productivos y, de manera fundamental, de una sociedad que encuentre canales institucionales para resolver sus diferencias; el bienestar ciudadano, la seguridad y la justicia forman parte de un mismo propósito: crear las condiciones para que las personas puedan vivir con tranquilidad, ejercer sus derechos y construir un futuro con oportunidades.

Este 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, reconocemos que esta no se decreta. Se construye todos los días. Y construirla exige que cada institución cumpla con responsabilidad la tarea que la sociedad le ha encomendado.

Fiscal general de la República

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