La inequidad educativa en México: a 60 años del informe Coleman

En 1966, la publicación del informe Equal Educational Opportunity (conocido como el Informe Coleman) transformó para siempre el debate sobre el rendimiento académico en Estados Unidos. Su hallazgo central fue revolucionario y provocador: los recursos físicos y financieros de las escuelas explicaban muy poco las diferencias en el aprendizaje de los estudiantes; el entorno socioeconómico y familiar resultaba ser el factor determinante. La reacción del gobierno estadounidense no se hizo esperar: desencadenó políticas públicas dirigidas a compensar las desventajas del hogar mediante programas de apoyo temprano e inclusión social. Sesenta años después, el concepto de inequidad educativa sigue más que vigente: la disparidad injustificable en el acceso y permanencia escolar; la calidad de la infraestructura y de los procesos educativos, y los niveles de aprendizaje debido a condiciones socioeconómicas, de género, etnia o ubicación geográfica.

Para la UNESCO, la equidad en la educación es una prioridad estratégica, consignada de manera central en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), que exige a los países garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En el plano nacional, el artículo 3º constitucional establece que la educación impartida por el Estado debe ser inclusiva, equitativa y de excelencia (o de calidad), garantizando la igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de todos los mexicanos. Sin embargo, existe una brecha profunda entre la norma constitucional y la realidad social. En las comparaciones internacionales (como las de la OCDE y la UNESCO), los países del norte de Europa y de Asia oriental muestran los mayores niveles de equidad, donde la escuela logra atenuar el origen socioeconómico. En el extremo opuesto, América Latina destaca como una de las regiones con mayor inequidad educativa del planeta, y México se ubica en los peldaños más desfavorables: el nivel socioeconómico de un estudiante mexicano condiciona drásticamente su trayectoria escolar y sus resultados de aprendizaje.

En el contexto nacional, los estudios especializados sobre inequidad educativa coinciden en un diagnóstico preocupante: el problema lejos de erradicarse, se mantiene o incluso se acentúa en momentos de crisis (como fue durante la pandemia del Covid-19). Aunque, se había logrado un avance significativo en la cobertura de la educación básica (que ha disminuido en los últimos años), las brechas en la calidad del aprendizaje entre escuelas privadas y públicas, así como entre zonas urbanas y rurales o indígenas de educación básica, continúan siendo abismales (equivalentes a cuatro o más grados escolares). Frente a esta realidad, las políticas recientes han apostado fuertemente por las becas educativas universales. Si bien las transferencias monetarias ayudan a aliviar la economía familiar y reducen la deserción por motivos estrictamente económicos, son insuficientes para eliminar el problema de fondo.

La acumulación de desventajas desde la primera infancia condiciona de manera determinante el ingreso a la educación superior. Las universidades públicas de mayor prestigio terminan seleccionando, mediante evaluaciones de conocimientos, a los estudiantes con mejor preparación académica que, por lo general, provienen de los estratos sociales más privilegiados. Es decir, las características del sistema educativo mexicano hacen que los escolares desde muy pequeños sean excluidos a lo largo de su trayectoria escolar, ya sea por abandono o por deficiencias en el aprendizaje, lo que empieza a hacer crisis en el bachillerato y se hace más evidente en el ingreso al nivel superior.

Para que el origen de un niño (o su código postal) no determine su destino educativo y social, México debe replantear su política pública, al menos, en dos sentidos. Primero, mediante una redistribución equitativa del gasto educativo: en lugar de asignar presupuestos homogéneos y favorecer a los centros urbanos, el Estado debe invertir sustancialmente más en las escuelas y comunidades de mayor vulnerabilidad. Segundo, se debe entender que el rezago educativo se gesta en los primeros 1000 días de vida, cuando el infante adquiere las habilidades de lenguaje y pensamiento, lo que depende del capital lingüístico de la familia. Apostar por la educación inicial es nivelar la cancha desde su origen. Garantizar entornos ricos en lenguaje desde los primeros meses de vida no es un lujo pedagógico; es un acto de justicia distributiva. Es ahí donde se empieza a construir, de manera real y no discursiva, un México verdaderamente justo y equitativo.

Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C.

@EduardoBackhoff

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