Rubén Rocha Moya regresó el viernes a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia. Llegó “con la frente limpia y en alto”, se declaró libre de responsabilidad y recuperó el cargo.

Duró 34 horas.

El sábado volvió a pedir licencia, ahora por tiempo indefinido.

Entre una decisión y otra ocurrieron algunas cosas.

Gobernación se deslindó de su regreso. Morena dijo que no había sido informado. Gobernadores de su propio partido le pidieron “madurez y responsabilidad”. Claudia Sheinbaum reconoció que se enteró por la publicación del propio Rocha y lanzó una frase difícil de interpretar de otra manera: “el poder sin principios se vuelve arrogancia”.

Rocha entendió el mensaje.

Lo que el viernes parecía una decisión irrevocable, el sábado dejó de serlo.

Podemos discutir si reculó por presión de Palacio Nacional, por Morena, por Washington o simplemente porque comprendió que había regresado a una gubernatura en la que conservaba las facultades legales, pero había perdido toda la autoridad política necesaria para ejercerlas.

Pero hay una pregunta bastante más importante.

¿Y Sinaloa?

Porque mientras la clase política discutía durante 34 horas si Rocha debía regresar, quedarse o volver a irse, los sinaloenses siguieron viviendo exactamente en el mismo lugar.

Un estado que desde septiembre de 2024 atraviesa una crisis de violencia brutal.

Según Coparmex Sinaloa, desde entonces se acumulan 3 mil 724 homicidios dolosos, más de 4 mil personas privadas de la libertad, 12 mil vehículos robados, más de 5 mil empresas cerradas y 27 mil empleos formales perdidos.

Por eso el organismo empresarial pidió ayer que quien quede al frente del estado tenga “capacidad real de gobierno” y lanzó una frase mucho más importante que toda la grilla de este fin de semana:

“Sinaloa no está para improvisaciones”.

No. No está.

Tampoco está para “gobernadores” que regresan el viernes y se van el sábado.

Ni para que la conducción de un estado que vive una emergencia de seguridad dependa de cálculos personales, acomodos partidistas o de quién ganó la discusión del día en Palacio Nacional.

Una crisis como la que vive Sinaloa exige conducción. Alguien que coordine a las instituciones federales, estatales y municipales; que tenga interlocución con las fuerzas de seguridad; que genere confianza entre empresarios y ciudadanos y, sobre todo, que pueda mirar a los familiares de los muertos y desaparecidos y decirles que existe un gobierno capaz de responder.

Eso no se consigue ocupando una silla.

Rocha volvió el viernes aparentemente convencido de que todavía podía gobernar. Treinta y cuatro horas después quedó claro que –políticamente– no podía sostenerse ahí.

Ahora el Congreso decidirá quién queda al frente.

Sería bueno que esta vez la discusión no fuera sobre Morena, Claudia Sheinbaum, Estados Unidos, el fuero o el futuro político de Rubén Rocha Moya.

Que por una vez la pregunta sea otra:

¿Quién puede gobernar Sinaloa?

Porque después de casi dos años de muertos, desaparecidos, miedo y negocios cerrados, los sinaloenses no necesitan otro gobernador.

Necesitan gobierno.

POSTDATA — Rocha Moya ya no gobierna, pero tampoco termina de irse. Perdió respaldo, autoridad y futuro político. Podrá conservar el cargo en papel, negociar su salida o intentar regresar otra vez. Da igual. Políticamente está acabado. Es un zombie. Sólo falta saber cuánto tiempo más seguirá caminando.

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