México frente al espejo: la encrucijada de Claudia

México ha estado aquí antes.

No con los mismos nombres. No con las mismas formas. Pero sí con la misma decisión de fondo: gobernar el territorio… o negociarlo.

Hoy esa decisión tiene rostro.

Claudia Sheinbaum no solo encabeza un gobierno. Encabeza una encrucijada histórica. Porque México no enfrenta únicamente un problema de seguridad, sino una tensión estructural que viene desde hace casi un siglo: la relación entre el poder central y quienes controlan el territorio.

Después de la Revolución de 1910, Plutarco Elías Calles construyó estabilidad a través de acuerdos con quienes realmente mandaban en las regiones. No fue una anomalía, fue un sistema. Uno de sus pilares fue Saturnino Cedillo, un hombre que controlaba San Luis Potosí como un territorio propio: ejército, economía, política y sociedad bajo un mismo mando.

El pacto era simple: tú controlas el territorio, tú garantizas la estabilidad y el Estado no interviene. Eso permitió gobernar. Pero no permitió construir un Estado pleno.

Ese equilibrio duró hasta que llegó Lázaro Cárdenas. Y tomó una decisión que define a los Estados: dejar de negociar con los poderes territoriales. No administró el sistema, lo rompió. Enfrentó a Cedillo, desmanteló el poder de los intermediarios y dejó claro algo que marcaría la historia: el territorio no se negocia.

No fue una decisión sencilla. Implicó confrontación, ruptura y costos políticos reales. Pero cambió al país. Porque, a partir de ese momento, el Estado dejó de depender de hombres fuertes para sostenerse.

Hoy México es otro país. Pero la pregunta sigue viva.

Existen territorios donde el control no es total, donde economías ilegales organizan la vida cotidiana y donde el poder no siempre se ejerce desde las instituciones. No son caciques revolucionarios, pero sí existen actores que concentran control territorial, capacidad económica e influencia política.

Ahí aparece la analogía incómoda.

Así como Cedillo funcionaba como intermediario del poder territorial, hoy existen dinámicas donde el control local y la política pueden entrelazarse de formas que el Estado no siempre ha decidido confrontar completamente. Casos como el de Rubén Rocha Moya colocan esa discusión sobre la mesa, no por una persona, sino por lo que representan: la posibilidad de que existan zonas donde el poder no es plenamente estatal.

De ahí surge la pregunta más dura: ¿existe un pacto no escrito que permite ciertos equilibrios?

Un pacto donde la estabilidad se sostiene evitando romper estructuras profundas. Donde la impunidad puede volverse funcional. Ese pacto no está en ningún documento, pero condiciona la realidad.

Y entonces todo vuelve a la presidenta.

Porque ese pacto no se rompe solo. Se rompe desde el poder. Y hoy ese poder está en sus manos.

Puede administrar el equilibrio. Puede contener la violencia sin transformar sus causas profundas. Puede sostener la estabilidad sin tocar las estructuras que la condicionan.

O puede hacer lo que en su momento hizo Cárdenas: romper el pacto de impunidad.

Romper no es un discurso. Es una línea clara: no hay espacio para la colusión, no hay tolerancia para intermediarios del poder territorial y no hay impunidad para quienes operan desde el Estado en beneficio de estructuras criminales.

Implica ir más allá de casos aislados. Implica desmontar redes, seguir el dinero, recuperar recursos y devolverlos a las víctimas.

Aquí se define el tipo de liderazgo.

Porque esta no es solo una decisión de gobierno. Es una decisión histórica.

Hay presidentes que administran. Y hay quienes redefinen el Estado.

Si Claudia decide romper ese pacto, no solo estará enfrentando un problema de seguridad. Estará redefiniendo la relación entre el Estado y el territorio.

Y en ese proceso, estará cruzando una línea que pocas personas cruzan: la de dejar de ser solo presidenta para convertirse en estadista.

La mujer estadista que México requiere hoy no es la que piensa en su tribu, en su partido o en la generación política de la que proviene; es la que tiene la capacidad de mirar más allá de su propio sexenio y preguntarse qué México quiere dejar en 2050.

Un México sin pactos de impunidad. Un México donde la política y el crimen organizado hayan quedado definitivamente separados. Donde ningún gobernador, alcalde, legislador, general, almirante, policía, fiscal o juez pueda poner las instituciones al servicio de una organización criminal y confiar después en la protección del poder.

La frontera tiene que ser sencilla: de un lado, el Estado democrático; del otro, quienes utilizan el poder público para proteger, financiarse o enriquecerse mediante estructuras criminales.

Ser estadista significa estar dispuesta a romper incluso con los propios cuando los propios cruzan esa frontera.

México ya vivió un país donde el poder se negociaba. También vivió el momento en que alguien decidió dejar de hacerlo.

Hoy esa decisión vuelve a aparecer.

¿Estamos viendo solamente un incidente interno de Morena o el primer movimiento de Claudia Sheinbaum para independizar su Presidencia, terminar con los pactos de protección e impunidad y construir un Estado mexicano antimafia?

Porque, al final, de eso se trata ser estadista: pensar no solamente en cómo termina 2030, sino en qué país recibirá una niña mexicana que llegue a la vida adulta en 2050.

Presidente fundador de Cauce Ciudadano AC

@carloscauce

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