Carla Humphrey | 15-09-26 | 00:01 |

La lucha que hemos librado las mujeres por alcanzar nuestra igualdad de derechos respecto de los hombres ha sido larga y parece interminable. Fue a partir de 2014, con la reforma en materia político-electoral, que el Legislativo determinó elevar a rango constitucional el principio de paridad, y el acceso a los espacios públicos comenzó a crecer de manera sustancial.

Desde entonces, la visibilidad de las mujeres en la esfera del poder público se ha ido incrementando y se ha visto fortalecida con otras reformas, como la de “Paridad en Todo” en 2019.

Sin embargo, en cuanto las mujeres empezamos a ocupar posiciones importantes de representación popular y en el ámbito de la administración pública, un fenómeno fue notorio: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este tipo de violencia se ha presentado como una serie de acciones con el claro objetivo de inhibir la presencia de las mujeres en la representación política, discriminarlas e irrumpir en uno de los pilares de nuestra democracia: la igualdad de derechos.

Por ello, el Legislativo, ante la exigencia de varias colectivas de mujeres, organizaciones sociales y mujeres de distintos ámbitos y colores partidistas trabajando juntas, en 2020 reformó 6 leyes generales y 2 federales en materia de violencia de género, que han ido acompañadas de diversos acuerdos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que han buscado inhibir actos de violencia política contra las mujeres.

Luego de la 3 de 3 contra la violencia que instrumentó el Instituto Nacional Electoral en 2020 para las elecciones intermedias de 2021, con la reforma constitucional de 2023 se dio vida a la 8 de 8 contra la violencia, que determinó diversas acciones legales y administrativas para las personas que incurrieran en los supuestos ahí descritos, entre ellas, la imposibilidad para ocupar cualquier espacio público.

El INE, entre otras acciones, ha llevado a cabo una serie de programas y actividades para que las contiendas electorales, tanto en el ámbito federal como local, se lleven a cabo con plena garantía de igualdad, de equidad en la competencia electoral, bajo un esquema de no discriminación y sin violencia política de género. Los ejemplos son varios: protocolos de atención para la violencia política; la conformación de un Registro Nacional de Personas Violentadoras; lineamientos para verificar que personas violentadoras no sean postuladas a cargos públicos; fiscalización a los partidos políticos para que destinen financiamiento a la capacitación y promoción del liderazgo femenino; la adopción en su marco normativo, mediante el Procedimiento Especial Sancionador, para tramitar denuncias por violencia de género, entre otros.

Así, el INE recientemente determinó poner en marcha dos programas que forman parte de sus 98 líneas de acción de la estrategia para la prevención y atención de esta terrible violencia: el Programa para el Fortalecimiento a la Autonomía y Liderazgo de las Mujeres Víctimas de Violencia y el Programa de Reeducación Integral para la Transformación de Conductas y Prácticas que Generan y Reproducen Violencia de Género.

El primer programa tiene como objetivo impulsar la autoconciencia y el reconocimiento del potencial que tienen las mujeres para participar en la esfera pública. El segundo busca promover un compromiso sostenido con la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Ambos programas se impartirán en modalidad semipresencial, con una duración de 58 y 60 horas, respectivamente. Para la inscripción al primer programa, pueden encontrar toda la información en el siguiente enlace: ; para el segundo, en este:

La presencia de las mujeres en la esfera pública y política es garantía de una democracia saludable y una sociedad igualitaria. ¡No a la violencia de género!

Consejera electoral del INE

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