Adriana Dávila Fernández | 22-08-26 | 01:30 |

La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa manda un grave mensaje al país: la justicia en México no existe. En el mensaje con el que hizo el anuncio, el mandatario -señalado por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con grupos del crimen organizado, especialmente el cártel de Sinaloa- se apoya en las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que desde el inicio otorgaba un perdón anticipado al amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En los más de cien días que duró su licencia, la institución encargada de procurar justicia dio claras muestras de que lo suyo, lo suyo, es otorgar impunidad a los “prominentes” miembros de un movimiento que convirtió gran parte del país en territorio criminal. Corrupción, inseguridad y violencia son los símbolos de quienes decían combatir los males de México, pero terminaron demostrando que ellos son el peor mal de la nación.

Por eso, es difícil creer en el comunicado emitido por los gobernadores morenistas, quienes, en apariencia, se deslindan de Rocha Moya y sugieren que su retorno al gobierno no fue consultado con la presidenta. Esto es, por decir lo menos, una farsa. En su texto señalan que su “compromiso está con México”, pero gran parte de ellos carga con señalamientos similares a los de su homólogo, que no han sido investigados por el gobierno de Morena. Las firmas de Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Evelyn Salgado, Ricardo Gallardo, Salomón Jara y Alfredo Ramírez Bedolla, por mencionar solo a algunos, son una burla para las víctimas de este país.

En lo único que se puede creer de ese texto es cuando aseguran que su “compromiso está con la continuidad de la transformación”, porque llevan años construyendo piso tras piso sobre los escombros de la ilegalidad, el autoritarismo, la corrupción, la ineficiencia y la impunidad.

El anuncio se da en el marco de la deportación desde Argentina de Fernando Farías Laguna, el excontralmirante acusado de pertenecer a una red de huachicol fiscal. Sus abogados han reiterado, una y otra vez, que él y su hermano son los chivos expiatorios utilizados para encubrir a los personajes políticos que serían los verdaderos responsables del daño causado al país.

Pero también, y de manera más significativa, Rocha Moya hace el anuncio cuando está en la discusión pública la detención de Fausto Corrales Rodríguez, quien seguramente tendrá mucho que decir sobre la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, tras conocerse la noticia, ha ratificado su postura: “El Cártel de Sinaloa… es una organización terrorista designada que no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”, en clara alusión a Rocha Moya, quien meses antes era respaldado en coro por sus homólogos y legisladores morenistas con el ya clásico “no estás solo”.

Los morenistas están acostumbrados a simular, y Rocha Moya es apenas la punta del iceberg. Las acusaciones y los indicios sobre conductas delictivas se desbordan por todo el país, mientras la imagen de México ante el mundo se deteriora cada día más y miles de mexicanos luchan cotidianamente contra la violencia criminal permitida por el gobierno.

El régimen atraviesa una grave crisis que, lamentablemente, también nos arrastra a los mexicanos, porque los problemas que enfrentamos como país no son una cuestión de percepción pública ni una disputa entre adversarios políticos. Lo verdaderamente grave es el mensaje de que las cercanías partidistas pueden estar por encima de la rendición de cuentas. Así, quizá la presidenta Claudia Sheinbaum haga un deslinde tardío, pero no podrá negar que cada investigación inconclusa y cada silencio oficial profundizan la desconfianza ciudadana, no solo en las instituciones, sino también en su gobierno.

Activista política