Uno de los elementos centrales de la estrategia de seguridad pública del actual Gobierno Federal, es dividir al país en 266 coordinaciones regionales y en cada una de ellas, contar con elementos que se encarguen de combatir y prevenir la comisión de delitos, en especial, los de alto impacto.

Se trata de un esquema que ha sido criticado por diversos actores sociales, debido a que se propone que cada una de estas coordinaciones tenga un mando militar y que algunos de los elementos asignados a la misma, provengan de unidades militares, sin embargo, se trata de un modelo que podría tener un impacto positivo, partiendo de la experiencia de otros países como Bélgica, que cuenta con un esquema muy similar para el ámbito local.

Por ende, quise centrar el presente texto en el análisis de las ventajas y desventajas que puede tener esta propuesta, a fin de contribuir al debate que se ha dado desde hace algunas semanas y que seguramente seguirá conforme avance la implementación del mismo.

Existen al menos ocho ventajas que puede tener el sistema propuesto por el Gobierno Federal, las cuales se enumeran a continuación:

Facilita el llevar a cabo un mejor seguimiento del comportamiento delictivo, porque se divide al país en zonas de menor tamaño que las entidades federativas y es más sencillo identificar patrones. Ya que las propias entidades no se comportan de manera uniforme, por ejemplo, no es lo mismo el tipo de criminalidad que se da en los municipios del Estado de México que colindan con la Ciudad de México, que aquellos que se encuentran en el norte de la entidad. Es decir, que el esquema propuesto permite tomar en cuenta las particularidades de cada región y realizar un seguimiento más puntual del comportamiento de los índices delictivos.

Permite administrar mejor los recursos disponibles, ya que no todas las coordinaciones regionales requerirán de una presencia intensiva de elementos, por lo que, si algunas zonas presentan menores problemas, se pueden tomar elementos y equipo de estas regiones, y destinarlos temporalmente a otras, que están viviendo alzas en los niveles de violencia.

Ayuda a que los elementos desplegados en cada zona, cuenten con un conocimiento detallado de la misma. Es decir, con el tiempo podremos tener elementos expertos en cada zona, lo cual repercutirá de forma positiva en sus resultados.

La especialización también se puede ir dando por tipos de delitos, ya que es lógico esperar que, si en alguna zona existen delitos característicos, los elementos ahí desplegados adquirirán mayor experiencia, que les permita hacer frente a los mismos y después, este conocimiento puede ser transmitido a unidades de otras coordinaciones regionales.

Derivado de lo anterior, el conocimiento desarrollado en algunas regiones y sus experiencias exitosas, se podrían extrapolar a otras, generándose así, una especie de esquema de aprendizaje colectivo.

Permite que los habitantes y actores clave de cada región conozcan y generen lazos de confianza con los elementos desplegados en la zona. Por tanto, la sociedad puede contribuir con las tareas de seguridad y será más propensa a colaborar con los policías asignados a la zona.

Se identifica con claridad a los funcionarios responsables de garantizar la seguridad de la zona y hacer posible la disminución de los índices delictivos, por ende, al haber responsables concretos en cada una de las coordinaciones regionales, existirán incentivos para que los mismos se esfuercen en dar mejores resultados.

El esquema facilita la evaluación por parte de los ciudadanos, sobre todo si se pone en marcha, tal como lo anunció el presidente en una de sus conferencias matutinas, un sistema de información de incidencia delictiva, con datos desagregados para cada una de las 266 coordinaciones regionales.

De igual forma, el sistema puede tener al menos ocho desventajas, mismas que se exponen en los siguientes puntos:

Debido a que los elementos de varias corporaciones de seguridad se concentrarán en una sola institución (Guardia Nacional) y que habrá mandos únicos en cada coordinación regional, se corre el riesgo de que las distintas unidades sean cooptadas por organizaciones criminales, ya que las propias bandas criminales tendrán más incentivos para infiltrar y corromper a los mandos.

En la actualidad, no se cuenta con los elementos necesarios para cubrir de forma óptima cada una de estas zonas, sin embargo, es un problema que ya estaba presente con la Policía Federal y que se puede ir atendiendo de forma paulatina, sobre todo si tiene éxito la estrategia para reclutar más elementos para la Guardia Nacional.

El que algunos elementos tengan formación militar, puede dar pie a una serie de excesos en el uso de la fuerza o violaciones a derechos humanos, tal y como lo han documentado las investigaciones Catalina Pérez Correa, Carlos Silva y Rodrigo Gutiérrez, quienes probaron que cuando las fuerzas armadas intervienen en enfrentamientos contra el crimen organizado, el índice de letalidad se incrementa de forma importante.

No es deseable que cada una de las coordinaciones regionales esté bajo un mando militar, ya que las actividades policiales deben tener una lógica civil, de disuasión del delito y de contención de situaciones de riesgo, lo cual no es del todo compatible con el entrenamiento militar.

Se pueden presentar problemas de coordinación, sobre todo si se desea que las policías estatales y municipales trabajen en conjunto con los elementos de la Guardia Nacional. Debido a que no se puede descartar que existan intereses contrapuestos entre las autoridades locales y federales.

Existe el peligro de que se creen cotos de poder regionales, sobre todo si los mandos de algunas zonas incurren en corrupción, lo cual pondría en peligro las labores que se llevan a cabo.

A pesar de que es deseable tener un despliegue importante de elementos en todo el país, se trata de un esquema que supondrá una inversión importante de recursos públicos y que exigirá asignaciones presupuestales más grandes en los siguientes años. Aunque como lo mencioné, bien podría estar justificado por la importancia de la tarea que realizarán.

Al fusionar la Policía Federal con la Guardia Nacional, se desaparece por completo la vía civil y si la opción propuesta no da los resultados esperados, será muy complicado dar marcha atrás.

Como se puede observar, se trata de una medida con pros y contras. En donde mucho dependerá la forma en la que el Gobierno Federal implemente la estrategia, para que se puedan potenciar las ventajas y se disminuyan los efectos de las posibles desventajas. Por ello, es recomendable que la actual administración incorpore al proceso de implementación, las recomendaciones que han hecho en los últimos meses diversos expertos, organizaciones ciudadanas dedicadas a temas de seguridad pública y organismos internacionales, no sólo para contar con el apoyo de la sociedad civil en el mismo, sino también para mejorar algunos de los aspectos del propio modelo.

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor por el CIDE.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval @ObsNalCiudadano

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