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Autonomía municipal, ¿Incompatible con la seguridad pública?

15/10/2018
00:22
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De fines de septiembre a los primeros tres días de octubre de 2018, el debate público regional zamorano colocó la autonomía municipal como una suerte de obstáculo a la seguridad y al cese de la violencia. El punto detonante fueron las declaraciones de Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, en relación a la designación de personas <> en mandos de la policía municipal de Zamora. En el escenario de “Diálogo con Michoacán” transmitido en forma estelar por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abordado por todos los medios (SMRT, 1-10-2018) el mandatario estatal expresó severas críticas a Martín Samaguey Cárdenas,  alcalde de Zamora por PT-Morena: nombrar un director de seguridad vinculado al narco; deshacer el convenio de colaboración con fines electorales y tomar decisiones erróneas que propician el incremento en la violencia en este municipio. En consecuencia, la designación ameritaba cárcel para Samaguey Cárdenas; su negativa despertaba sospechas; y, la desbordante violencia justificaba intervención directa del gobierno estatal.

Vale anotar que al momento de escribir este artículo y basado sólo en la información  procesada hasta el 8 de octubre, Zamora-Jacona registró 8 homicidios dolosos y una persona herida. De éstos, tres (3)  se contabilizan  el lunes 8 y tres (3) el día 5 en pleno operativo policiaco, “por tierra y aire”, como dicen triunfantes las autoridades estatales que <> la situación en Zamora.

 

Autonomía municipal, ¿incompatible con la seguridad pública?

Quiero marcar otra idea que es de primera importancia: la violencia es un componente sustancial del control social. Un alto nivel de homicidios justifica los altos presupuestos en seguridad (PGR, SEDENA, SEMAR) y facilita la aceptación por parte de la ciudadanía del ejercicio de la violencia legítima y la usurpación de la soberanía en perjuicio de la capacidad de decisión de estados y municipios. Por  ello, me parece que una línea de discusión y decisión ciudadana es por transparentar los convenios (mando unificado, mando único y convenio de colaboración) que el gobierno municipal de Zamora ha firmado o suscribirá con el gobierno estatal en fecha próxima.

Del paquete  firmado por Rosa Hilda Abascal Rodríguez y Carlos Soto Delgado, Presidenta y Síndico, respectivamente en 2012-2015, con el gobierno del estado, resaltan estos compromisos zamoranos: I. Someter al mando de la Secretaría al personal operativo y administrativo de los cuerpos de seguridad pública; III. Transferir al estado,  los recursos correspondientes al pago de nómina de los elementos de los cuerpos de seguridad pública que se destinen al Mando Unificado Policial del Estado de Michoacán de Ocampo; IV. Enterar oportunamente al Estado todos los recursos que le sean transferidos para ser destinados a la Seguridad Pública Municipal (Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán, 14-07-2014, p. 4).

¿Qué contiene el convenio que firmó la administración 2015-2018, encabezada por el Dr. José Carlos Lugo Godínez (PRI) y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, síndico (PAN)? No contamos con el documento en extenso, sólo copia de la minuta avalada por todos los regidores incluyendo a la oposición (PRD, PT, PAN y Movimiento Ciudadano) que no tuvieron mayores objeciones que las observaciones de la regidora por el Partido del Trabajo, María Teresa Mora Covarrubias, hoy diputada local: permanencia de las unidades vehiculares en comodato o propiedad del ayuntamiento; que no se reduzca la cantidad de elementos adscritos a Zamora cuando se envíen a apoyar a otros municipios, paralelamente se respete el derecho de los policías de no ser desplazados de Zamora, menos aún sin viáticos; no usar la policía en el combate de delitos del ámbito federal; y que no sean maltratados –laboralmente- por sus superiores (Minuta, sesión extraordinaria de cabildo, 9-11-2015, p. 2).

La intervención de la regidora Mora Covarrubias sostiene que < ólo>

En esa décima sesión extraordinaria, el Dr.  Lugo Godínez expuso valiosos conceptos que probablemente se rescataron  en el convenio y en los anexos:  “el esquema dista mucho de ser lo que era en la pasada administración municipal, donde no existía control, mando, ni la voz de la autoridad municipal en la policía que estaba asentada en nuestro territorio (…) Hoy hemos hecho hincapié  en la autonomía municipal (…) hemos trabajado con las autoridades de seguridad pública estatal y federal para diseñar un esquema conforme a la realidad que impera en nuestro municipio partiendo de un diagnóstico muy certero y objetivo, con toda la intención de coordinarnos y sumarnos con las fuerzas estatales y federales, sin ceder la autonomía político administrativa en materia de seguridad y sin restar operatividad  a nuestra fuerza policial…” (Minuta, ibid. p. 3).

Ahora, el gobierno municipal y el estatal, representados por Martín Samaguey y Silvano Aureoles discuten un nuevo convenio, ¿de qué  habla? Conforme al borrador que circula, en lo referente a la formación de la comisión técnica de implementación y seguimiento, el alcalde es casi un espectador. Está  integrada por: 1) el presidente municipal; 2) el titular de la secretaría de seguridad; 3) el titular del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad Pública; y, 4) el titular del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza. De cuatro, tres son nombrados por el gobierno estatal con el visto bueno del federal (MCEMMSP, segunda cláusula, p. 9).

Este organismo se encarga de “proponer los proyectos de seguridad pública que deban desarrollarse en el ayuntamiento” (cláusula segunda, V); “establecer las reglas mínimas para su operación (convocatorias, periodicidad de sesiones, toma y seguimiento de acuerdos) (ibid. VII, p. 10). Esta comisión, prácticamente formada por el gobierno estatal es “el enlace” entre el ayuntamiento y el ejecutivo del estado (III, p. 10). Otro punto no menos relevante es: “el ayuntamiento se compromete a instruir al Director de Seguridad Pública  Municipal para que éste dependa operativamente de la Secretaría de Seguridad” (MCEMMSP, cláusula tercera, nombramiento de mandos, IV, p. 11).

Reitero, el convenio de > o del mando único policial, es un asunto público.ón>

 

Mando Único: ¿garantía de seguridad?

El periodo de la administración municipal anterior cerró con 625 homicidios dolosos registrados en Zamora-Jacona, cifra que muestra -en parte- el grado de violencia que lastima este espacio michoacano. Septiembre de 2018 consolidó la tendencia de 18 - 20 decesos por mes con alzas  de 34-35  en marzo  y septiembre de este año.

Mirando el tiempo en que Zamora fue dirigida bajo el logo del PRI y Jacona por Movimiento Ciudadano devenido en PAN, y que estuvo vigente el mando unificado distinguimos un promedio mensual de homicidios creciente: 7 en 2015 (28 asesinatos de septiembre a diciembre), 18.16 en 2016; 15.5 en el año 2017; y 24.12 en el último tramo, enero-agosto de 2018.

Un examen de tres momentos, enero-abril de 2016, 2017 y 2018, nos ofrece una media cuatrimensual de 72 con cifras crecientes: 58, 62 y 95 homicidios dolosos. Ahora, si comparamos septiembre de 2018 sólo con los meses iniciales del año, diremos que los homicidios aumentaron; pero si observamos los 34 decesos de marzo de este año,  veríamos que no ha variado,  se ha consolidado.

Los rasgos generales de septiembre de 2018 son: Zamora 44 y Jacona 17; decesos 34-35, heridos 27 (2 muy graves); hombres 48 y mujeres 13; por medio usado prevalece el arma de fuego con 55; 1 decapitado; en 4 no se cuenta con el dato preciso; arma blanca, 1; en 2 se observa “no intencionalidad” (daño colateral como suelen decir las autoridades), y el noroeste de Zamora aporta 9 casos.

Por las cifras y condiciones de la violencia en curso, el linchamiento mediático del alcalde tiene un alto costo político y los resultados inmediatos de la acción del Grupo de Coordinación de Michoacán son precarios. Ocho homicidios en nueve días de octubre con un operativo estatal-municipal en plena acción no son alentadores.

El mando único o el convenio de colaboración debe examinarse con transparencia. La autonomía municipal puede –y debe- ser compatible con la búsqueda de la seguridad y el cese a la violencia.

 

J.Luis Seefoó Luján[1]

Observatorio Regional Zamora

@obsregzamora @ObsNalCiudadano

 

[1] [email protected]

Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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