“Yo quiero justicia, que se limpie mi nombre”, dice Tere

En un lunes de julio de 2019, Tere Carrizales, que era oficial del Registro Civil en la capital de San Luis Potosí, trabajaba en su oficina cuando, cerca de las 10:00 horas, unos 15 elementos de seguridad llegaron a desalojar.

Ella se negó y pidió la orden la judicial, pero sólo logró recibir golpes y ser arrastrada hacia afuera.

“Me golpearon y me maltrataron, y lo hicieron porque soy mujer, porque podían violentarme, tirarme al piso, acosarme”, declara a  EL UNIVERSAL.

Carrizales señala al alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava, de ser el responsable de lo que le ocurrió, de hacerle una persecución política porque ella, en enero de 2019, denunció que en el Registro Civil se hicieron cobros indebidos de los servicios que se dan.

A partir de ahí, narra, el secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, comenzó a acosarla por medio de distintos subordinados.

“No toleraron que yo, una mujer que además no es de las familias más ricas de San Luis Potosí, como ellos, se atreviera a decirles que estaban haciendo cobros indebidos y que los iba a denunciar. A pesar de que me cerraron las puertas de la contraloría, me fui a los medios de comunicación y lo hice público”, cuenta.

Tras la denuncia, trabajó durante seis meses, aunque bajo hostigamiento.

“El secretario del Ayuntamiento, cuando empezó   todo esto, me decía que Recursos Humanos quería mi acta de matrimonio. Yo pregunté por qué y me dijo que porque tengo dos hijos y se supone que estoy casada, pero yo estoy sola, soy madre soltera, y lo saben”, expresa.

El 1 de julio, estando en su oficina, fue víctima de abuso de autoridad y de la fuerza sin una acusación.

“Me lesionaron, me arrastraron, me esposaron  y así me sacaron de la oficina, incluso me pasearon en la patrulla”, dice.

Carrizales recuerda que ante la autoridad arribó maltratada, sin zapatos, sin celular, sin bolsa, nada. El médico legista simplemente la miró y de inmediato la pasaron con el juez de Control, quien le cuestionó si se opuso al arresto, a lo que ella respondió que sí.

Por lo anterior, el juez consideró que debía ser fichada: tomarle huellas y fotos. Sin embargo, no se hizo, porque el comisario de la policía pidió no proseguir.

“Me dieron una multa de 200 pesos por obstruir el servicio público, pero ahí empezó todo: regresé a mi oficina y estaba cerrada, sellada y sin ningún ordenamiento. Nadie sabe nada.

“El gobierno del Estado debió protegerme, pero se lavan las manos y dicen que el presidente municipal, Xavier Nava, se metió solo y él tiene que arreglar todo, que yo puedo regresar cuando eso pase”, dice.

Carrizales lleva ocho meses sin trabajar a pesar de que aún tiene su nombramiento, pero no ha cobrado salario alguno.

Juicio político

La oficial del Registro Civil en la capital de San Luis Potosí ha llevado su caso a tribunales estatales, federales y administrativos, pero no ha funcionado; también se fue a la Comisión de Derechos Humanos estatal, que, dice, está coludida con el presidente municipal.

Actualmente, tiene medidas de protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y se reunió con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, existe una solicitud de juicio político en contra del alcalde, Xavier Nava, en el Congreso del estado, el cual podría concluir en los próximos días.

“Yo quiero justicia, no importa de quién venga. Me han dicho que ya le pare y me amenazan. Los empresarios sacaron desplegados diciendo que el alcalde es inocente y me culpan a mí”, lamenta.

Sin embargo, Tere Carrizales asegura que está respaldada por otras víctimas del alcalde, mujeres ambulantes que fueron desalojadas con uso de la fuerza del centro de la ciudad, y señala que también hay comunidades indígenas que han sido violentadas.

“Yo quiero una disculpa pública, que se limpie mi nombre. Ahorita ya lo único que me queda es creer que el tema del juicio político va a salir adelante”, expresa.