Ven un respiro en fallo del Poder Judicial

Al admitir los primeros amparos y conceder la suspensión provisional a los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Poder Judicial frenó los daños que se causarían a las inversiones, al medio ambiente y a la libre competencia, dijo la International Chamber of Commerce (ICC) México.

Explicó que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República otorgó la suspensión provisional al juicio de amparo 119/2021, 118/2021 y su acumulado 120/2021.

“El Poder Judicial ha reaccionado en sentido positivo y cumplido las expectativas al otorgar dos suspensiones provisionales con efectos generales en contra de esta reforma”, dijo la ICC.

La reforma no garantiza la competencia y libre concurrencia en el sector energético, es decir, es contraria a los artículos 25 y 28 constitucionales.

Afecta los derechos de los usuarios finales, se permiten barreras para ingresar al mercado eléctrico mayorista, se otorgan ventajas para ciertos participantes, genera incertidumbre a los generadores que tienen algún permiso, modifica de manera repentina las reglas de operación y desincentiva la inversión en el sector eléctrico.

Además de que la reforma puede causar daños irreparables al medio ambiente porque desincentiva la producción de energías limpias y fomenta la operación de centrales convencionales. La ICC dijo que los razonamientos del juez son estrictamente jurídicos y que no están basados en apreciaciones ideológicas o subjetivas.

Piden reconsiderar

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal reconsiderar esta política eléctrica y celebró que el Poder Judicial no se haya subyugado a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales condenan al sector energético de México con sus propuestas basadas en ideas alejadas de la realidad actual del mundo.

La diputada federal perredista Karem Vargas dijo:

“La improvisación de una reforma legal, sin una verdadera planeación y que represente un esquema jurídico y económico para implementar un cambio positivo en la industria eléctrica, no sólo tendrá un costo ante la fuga de inversiones y la poca viabilidad de nuevos inversionistas ante la incertidumbre generada por la violación flagrante del Estado de derecho por parte del Ejecutivo, sino que también tendrá un costo político, ya que se está observando la ineptitud y necedad por hacer reformas al vapor, para que después el Poder Judicial las eche para abajo”, añadió.

“Lo que el derecho, la razón y la lógica anticiparon, hicieron que le durara el capricho sólo dos días al presidente López Obrador, ya que ante la evidente necedad de no mover una coma a una reforma claramente inconstitucional derivó en la orden del juez (...) para mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas este 9 marzo”.