Son señalamientos insidiosos, dicen gobernadores

Los gobernadores de la Alianza Federalista, que recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), exigieron al Senado de la República que impida la extinción de los 109 fideicomisos, medida aprobada por los diputados federales, y llamaron a todos los posibles afectados a detener su desaparición, pues se trata de un daño irreversible.

En un posicionamiento, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Jalisco, Enrique Alfaro; Colima, Ignacio Peralta; Michoacán, Silvano Aureoles; Chihuahua, Javier Corral; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Durango, José Rosas Aispuro, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adelantaron que de ser aprobada la reforma para extinguirlos, interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advirtieron que el Presidente nuevamente se refirió en forma “insidiosa” a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los integrantes de la Alianza Federalista, al decir: “Están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.

Dijeron que sorprenden dos cosas de esta afirmación: “Primero, todos estos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos; segundo, ¿desde cuál calidad moral el gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?”.

Sostuvieron que la legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas.

Agregaron que la Alianza Federalista se opone categóricamente a que el gobierno se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos.

“Llámese como se llame, recoger o confiscar, el Estado se apropia de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas, cuando nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio, con las formalidades esenciales
del procedimiento.

“Hacemos un atento pero puntual llamado al Senado y lo extendemos a todos los posibles e innumerables afectados con la posible extinción de los fideicomisos (...) para que impidamos que esta reforma se convierta en daño irreversible”, dijeron.