La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó tres casos de violencia obstétrica en diversas clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por ello, emitió tres recomendaciones al director del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, para que repare el daño a dos de las mujeres sobrevivientes y a los familiares de la tercera, que falleció, quienes en 2016 sufrieron violaciones a sus derechos humanos en clínicas de la Ciudad de México, Sinaloa y Querétaro.

También recomendó dar atención médica, psicológica y tanatológica con oportunidad , calidad y calidez a las víctimas y familiares.

En el caso del H ospital Regional “Manuel Cárdenas De la Vega ”, en Culiacán, Sinaloa, una mujer de 28 años con 33 semanas de embarazo fue diagnosticada y tratada de manera errónea y aunque los médicos lograron salvar a su hija, la madre falleció en terapia intensiva donde permaneció por un derrame cerebral.

“La CNDH considera que no existió vigilancia ni valoración del estado de la víctima , tampoco toma de signos vitales de manera periódica, ni solicitud de exámenes de laboratorio para detectar oportunamente la preclamsia e hipertensión que padecía, lo que permitió confirmar la falta de atención adecuada a la paciente, situación que propició su deterioro crítico del estado de salud y posterior fallecimiento”, indicó el organismo.

El segundo caso ocurrió en el Hospital Regional “General Ignacio Zarazoza”, en la Ciudad de México donde debido a una atención inadecuada una mujer perdió a su bebé y le fue practicada una salpingoclasia sin su consentimiento.

En tanto, el tercer caso ocurrido en el Hospital General de Querétaro en octubre de 2015, una mujer no recibió atención adecuada y a tiempo por lo que el producto de la gestación padeció complicaciones como asfixia fetal que se tradujo en sufrimiento fetal, el cual en conjunto con la dilación en la práctica de una cesárea urgente produjeron la pérdida del mismo.

La CNDH también requirió que las tres mujeres fueran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; se asigne a los hospitales los recursos económicos, humanos y técnicos “para que estén en condiciones óptimas y no se repitan casos como los señalados, y se adopten medidas para garantizar que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados y protegidos”.

lsm

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