El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda pidió que se establezca diálogo con el equipo de transición del gobierno del virtual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que se asignen recursos suficientes para continuar con las labores de búsqueda de personas desaparecidas, que mejoren los mecanismos de coordinación y que se garantice el acceso a las familias en los procesos.

Durante la presentación de la recomendación 01/2018, la primera que emite el consejo, miembros de la sociedad civil, familiares de las víctimas y especialistas indicaron que en el país se tiene el registro de 36 mil 743 personas desaparecidas, pero hay problemas estructurales que ponen en riesgo la implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hizo un llamado al equipo de transición al nuevo gobierno para hablar de los puntos de la recomendación, que principalmente están encaminados en tres ejes: “Gestionar la asignación de recursos suficientes para una operación efectiva de las instituciones y su utilización estratégica para atender la grave problemática de desaparición en nuestro país; la atención a sus observaciones técnicas sobre el Protocolo Homologado de Investigación; establecer mecanismos de coordinación permanentes entre autoridades federales y de las entidades federativas, y la planeación de procesos de consulta y participación de las familias con las condiciones adecuadas de tiempo y metodología”.

Los miembros del consejo mencionaron que han identificado “obstáculos de recursos materiales para para poner en marcha las tareas básicas de búsqueda e investigación, puesto que en muchas entidades federativas las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas no han sido conformadas; y en el nivel federal no se cuenta con el personal y recursos mínimos para responder operativamente a los reportes y denuncias de personas desaparecidas”.

Mencionaron que las razones por las que no se ha logrado la plena implementación de la ley en la materia son diversas, pero algunas de las razones son que hay una total desarticulación y que las autoridades involucradas han evadido su responsabilidad.

Grace Fernández, representante de familiares, dijo que al gobierno saliente le toca continuar con la labor de búsqueda durante los meses que le faltan y cumplir con todo lo que le prometió a las víctimas, porque no se ha logrado la plena implementación de la ley.

Respecto al cambio de gobierno, Santiago Corcuera, especialista en derecho internacional, destacó que la ley tiene medidas que deben convertirse en políticas de Estado, por lo que los avances deben trascender las administraciones.

Michelle Quevedo, familiar de una persona desaparecida, pidió que las autorizadas tomen en cuenta a los familiares, porque ellos han logrado avances, saben cuál es la situación y los puntos que faltan por trabajar.

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