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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades a garantizar el funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de que se informara que en las próximas semanas se podrían agotar los recursos para ese rubro, lo que pondría en riesgo a 959 beneficiarios.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, expresó: “No podemos olvidar la importancia de este mecanismo. Su existencia ha salvado las vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de derechos de todas las personas que vivimos en México. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable”.

Para el organismo resulta preocupante la información que se dio a conocer la semana pasada sobre la insuficiencia de recursos financieros en el fideicomiso, que podría llevar al agotamiento del financiamiento en las próximas semanas.

Ante la urgencia de la situación, la ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del mecanismo.

La ONU-DH indicó que “en los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hecho frente al cual se creó el mecanismo de protección. Por lo tanto, la insuficiencia presupuestal resulta contraria al esfuerzo institucional que ha desplegado el Estado mexicano para hacer frente a la gravedad de la situación”.

Recordó que la necesidad de garantizar los recursos suficientes para el mecanismo ha sido reiterada por el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y por el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, Edison Lanza, quienes el año pasado llamaron a las autoridades a “brindar al mecanismo de protección federal los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su mandato”.

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