22 | MAR | 2019
Mujeres en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
Mujeres en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Foto: Archivo /EL UNIVERSAL

En México, 417 menores de edad viven con sus madres en centros penitenciarios

16/10/2018
14:50
Mariluz Roldán
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El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia vigilarán que se respeten sus garantías y que se les otorguen condiciones decorosas para su pleno desarrollo

En México, 417 menores de edad viven con sus madres que están privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios, indicó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien indicó que junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) vigilarán que se respeten sus garantías y que se les otorguen condiciones decorosas para su pleno desarrollo.

Durante la presentación del documental “Salomé, un reencuentro con la libertad”, el ombudsperson indicó que en el país hay 10 mil 460 mujeres en prisión; 4 mil 229 de ellas se encuentran distribuidas en 17 centros femeniles estatales y uno federal, y 6 mil 231 se ubican en 159 centros mixtos, lugares en los que frecuentemente reciben diversos tipos de discriminación, lo que repercute negativamente en su internamiento y posterior reinserción.

Ante ese panorama, la CNDH y el DIF observarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios de la República, especialmente de los 417 menores de edad que viven con ellas, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017.

Informaron que el objetivo es que a los menores se les brinden condiciones decorosas para su adecuado desarrollo al interior de esos lugares.

“Se trata de que nunca más una madre que está en esa situación sea separada de sus hijas e hijos menores de edad”.

Ambas instituciones sumarán esfuerzos para empoderar a las mujeres en el conocimiento de sus derechos fundamentales, para que los hagan valer ante cualquier abuso de autoridad, además de impulsar el conocimiento y respeto de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas comúnmente como “Reglas de Bangkok”, puesto que conforman uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y con frecuencia sus condiciones y necesidades no son tomadas en cuenta por las autoridades.

González Pérez destacó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, los centros femeniles obtuvieron en promedio una calificación de 7.26, mientras que los mixtos reflejaron un promedio de 5.98, lo que muestra que esos centros no cuentan con condiciones dignas, ni con la separación adecuada entre mujeres y hombres.

Recordó también que en el “Informe Especial sobre las Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en 2016, se describió la necesidad de diseñar protocolos para atender la situación de esa población; elaborar mecanismos para el ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo al centro penitenciario correspondiente de los hijos de las mujeres internas, y procurar que cuenten con personal médico y técnico especializado, así como espacios decorosos para la lactancia.

González Pérez hizo un llamado para que en todas las actuaciones que realicen los servidores públicos se respete la dignidad de las mujeres privadas de la libertad y se garantice la observancia del interés superior de la niñez. Explicó que la historia del documental es un caso que dio origen a la Recomendación 7/2016, que no ha sido cumplida en sus términos, por lo que instruyó verificar por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha resarcido los derechos vulnerados a la agraviada y a su familia.

El documental trata sobre un caso de violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la legalidad y al acceso a la justicia, así como al interés superior de la niñez y a la lactancia, en perjuicio de María Salomé Ortega Hernández, mujer originaria de Veracruz, y sus dos hijas menores de edad, como consecuencia de la detención por la probable responsabilidad en la comisión del delito contra el consumo y la riqueza nacional, y su posterior traslado a un centro federal de Nayarit, lo que vulneró sus derechos a estar lo más cerca a su domicilio y tener consigo a sus hijas, la más pequeña de sólo 37 días de nacida que requería de la lactancia. Posteriormente, la agraviada fue absuelta por un juez federal del delito que se le imputaba.

Jesús Naime Libién, titular del DIF, reiteró el compromiso de la institución a su cargo para trabajar coordinadamente con la CNDH en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en reclusión y sus hijos. Expresó su confianza en que el documental motive a los servidores públicos para que en todos los casos se salvaguarde el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

Luis Enrique Guerra García, procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó que el caso de Salomé representa el riesgo de que los derechos de cualquier persona sean vulnerados, por lo que manifestó la importancia de que autoridades y ciudadanos trabajen en la construcción de escenarios para que las niñas y niños tengan mejores posibilidades de desarrollo y puedan vivir en una sociedad que respeta su integridad y dignidad.

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