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Conapred celebra que 17 estados reconozcan el matrimonio igualitario

A diez años de haberse aprobado el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación destacó el avance; aseguran que el matrimonio, definido como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, promueve la desigualdad

matrimonio igualitario
Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Nación 21/12/2019 16:32 Alexis Ortiz Actualizada 16:46
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A diez años de haberse aprobado el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebró que ya son 17 entidades federativas las que reconocen la unión entre personas del mismo sexo.

El Conapred aseguró que la Ciudad de México fue la primera urbe de América Latina en reconocer el matrimonio igualitario. A partir de ahí se dieron otras determinaciones para que lo mismo sucediera en otros estados, por ejemplo, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 2/2010 con la cual argumentó que el matrimonio, definido como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer con fines de procreación, promueve la desigualdad.

“El criterio asumido por la SCJN sirvió para colocar en el debate público la agenda pendiente de la diversidad sexual y de género, pues, en esa resolución, la Suprema Corte reconoció la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación”, señaló el Conapred. 

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Hasta ahora 12 entidades federativas reconocen la unión de personas del mismo sexo a través de reformas a sus códigos civiles y/o familiares (Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo), mientras que otros cinco estados lo hacen por la resolución de acciones de inconstitucionalidad (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla).

Frente a este panorama la Secretaría de Gobernación; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y el Conapred hicieron un llamado al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, de los tres niveles de gobierno, para que avancen en una agenda que promueva los derechos y la no discriminación.

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