Senado da luz verde a ley para impulsar inversión en infraestructura estratégica; oposición acusa centralización y falta de transparencia
Comisiones aprobaron reformas al Código Fiscal, a la Ley Federal de Presupuesto y una nueva Ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica
Las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 23 votos a favor y cinco en contra, de la oposición, los dictámenes a las minutas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, con 26 votos a favor y dos abstenciones, aprobó cambios para agilizar el cobro de créditos fiscales.
La nueva ley regula los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo de México, a través de la participación de los sectores público y privado.
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El senador Homero Davis Castro, secretario de la Comisión de Hacienda, explicó que se trata de un proyecto que busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar, rectoría del Estado y responsabilidad fiscal.
Detalló que la propuesta contempla ejes que dan sustento a un nuevo modelo de inversión en infraestructura estratégica, incorporando mecanismos claros de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal, transparencia y sostenibilidad, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.
Se instrumentan en la nueva ley los esquemas de participación mixta que permiten adecuar la intervención de los distintos sectores a la naturaleza de cada proyecto, preservando en todo momento la rectoría del Estado y reglas claras en materia de riesgos, gobernanza y desempeño.
Esto, a través de la figura de “Vehículos de Propósito Específico” como figuras jurídicas y financieras que facilitan la estructuración de proyectos y la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar por sí mismo obligaciones financieras para el Estado.
Además, se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, como un órgano de coordinación interinstitucional que permitirá definir prioridades, evaluar proyectos y articular una política de inversión con visión de corto, mediano y largo plazo, y una Base Nacional de Infraestructura Estratégica, para mejorar la toma de decisiones.
Expuso que con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se fortalecen la disciplina fiscal y control presupuestario, mediante un mecanismo para registrar adecuadamente compromisos plurianuales, transparentar pasivos, riesgos y contingencias, proteger presupuestalmente los proyectos estratégicos y asegurar su seguimiento en el tiempo.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la lógica del proyecto no es “abrir la puerta a cualquier inversión”, sino hacerlo mediante un régimen de triple control, evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior.
Además, dijo, se plantean aspectos novedosos como la incorporación explícita del sector social, cooperativas, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores como actores posibles en la cadena de valor de la infraestructura.
Destacó que la nueva norma incorpora una dimensión de sostenibilidad ambiental, pues los proyectos elegibles deberán incluir el análisis de impacto ambiental, preservación del equilibrio ecológico y medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, que el consejo que se va a crear en la materia debe verificar.
El senador del PRI Rolando Zapata Bello argumentó el voto de su bancada en contra de la nueva ley.
“Nosotros creemos que México no necesita disimular ni maquillar sus finanzas. Esta ley es una pieza más en una ruta clara: la centralización del poder en detrimento de la pluralidad del país con focos rojos de desatino financiero y decisiones cada vez más opacas, que tarde o temprano le van a costar caro a México. Por eso, con responsabilidad y convicción, el grupo parlamentario del PRI votará en contra, porque defender las finanzas públicas, la transparencia y la competencia es en el fondo defender el crecimiento y la prosperidad que México hoy necesita”, expuso.
Por el PAN, el senador Raymundo Bolaños Azocar aclaró que su grupo parlamentario está a favor siempre de la inversión en infraestructura, pero no de los cheques en blanco y tampoco de la discrecionalidad.
“Hacen cosas que parecen buenas con una terrible ejecución. La ley que se propone permitiría que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público autorizara a las dependencias y entidades a que convoquen o inicien los procedimientos de contratación sin contar con la suficiente presupuestaria de vida para agilizar la ejecución de proyectos. (…) En principio básico de responsabilidad hacendaria, primero tiene que existir el recurso y después se puede gastar. Estamos frente a un mecanismo de endeudamiento que compromete las finanzas de las próximas generaciones. El gobierno actual decidirá en qué gastar, pero otros gobiernos tendrán que asumir el costo, y ya sabemos que este gobierno no es bueno planificando obras”, recalcó.
Los dictámenes a las minutas aprobadas serán presentados este martes para su discusión y votación en el pleno del Senado.
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