Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a acelerar la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Durante la tercera visita oficial a México del Mecanismo de Seguimiento, coordinado por Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicaron que seguir con la hipótesis de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares, y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
“La CIDH urge al Estado a tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías de Huitzuco que están involucrados en los hechos, como medida tendente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a todas las personas responsables”, dijo.
Exhortó al Estado a que avance en la investigación de los policías federales, quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos.
El mecanismo reconoció que, durante la reunión con la Procuraduría General de la República (PGR), se informó de la asignación de un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para la investigación.
“La CIDH reconoce el trabajo que la PGR ha realizado con la información telefónica de los estudiantes de Ayotzinapa y de quienes participaron en los hechos.
“A la fecha se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que apuntaba a que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, expuso.
Arosemena de Troitiño hizo una “llamada de atención”, tanto a México como a toda la región, sobre “la deuda pendiente que en esta materia tienen muchos de nuestros países. “Es un hecho delictivo, un fenómeno cruel, perverso, pero es una realidad” que genera desafíos que tocan materias relacionadas con lo penal y con las estructuras estatales, añadió.
La experta consideró que la ley “representa un brazo de acción” para las familias de los desaparecidos, mientras que el comité de la ONU es una forma de dar voz a estas personas.
En el evento en el que también participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI), madres de víctimas criticaron que sólo tres diputados asistieron, aunque hubo más que habían confirmado su presencia. “Deberían estar aquí”, dijo una. Con información de EFE
