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Chihuahua, Chih.— Iván fue torturado dos días por policías ministeriales para obligarlo a declararse jefe de una banda de extorsionadores que tenía como objetivo a comerciantes en Ciudad Juárez durante 2012, cuando Iván tenía tan sólo 18 años.

Iván Figueroa pide que se escriba su nombre a pesar de que está a punto de contar una historia que pone en riesgo su vida: “No importa, qué más me pueden hacer”.

La banda que, según la Fiscalía General del Estado, conformaban él, su hermano menor -de entonces 14 años-, su hermano mayor -de 22 años en ese momento- y otros dos completos desconocidos para Iván.

La noche del viernes 20 de enero Iván y sus dos hermanos fueron sacados de los cuartos en los que los tenían, caminaron al área de prensa, ahí los dejaron frente a las cámaras, expuestos y presentados como un grupo peligroso de extorsionadores. Iván fue señaldo como el líder.

Eso dijeron en el canal de televisión local más visto de la ciudad y también recogieron los medios de comunicación ante quienes se presentó a la supuesta banda que integraban Iván y sus hermanos. Ellos extorsionaban a comerciantes, los acusaron luego de un operativo de lo que dijeron era la inteligencia de la policía local y, por ello, pudieron ser capturados mientras “trataban de cobrar la cuota” a un negocio de comida.

Entonces, la vida que Iván conocía hasta dos días atrás cambió para siempre con la reproducción de una versión oficial que nadie cuestionó.

La noche del miércoles 18 de enero de 2012 un grupo de hombres armados descendió de una camioneta blanca frente a la casa de Iván. Los hombres golpearon a Iván y a sus hermanos antes de sacarlos, de llevárselos frente a sus padres.

En el camino siguieron golpeándolos, les dijeron que eran sicarios de La Línea. Llegaron a otro domicilio. Volvieron con una mujer, una adolescente, recuerda Iván, a la que violaron varios agentes frente a todos. La abandonaron en algún punto periférico de la ciudad, dice.

Después supo que no eran sicarios cuando llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Cuando los metieron en la parte de atrás.

Los separaron para tenerlos en cuartos distintos y comenzaron a torturarlos para que confesaran un crimen que, todos ahí sabían, no habían cometido.

Después de los golpes con los puños y con tubos en las partes donde no quedan marcados, de la tortura sicológica de escuchar a sus hermanos gritar de dolor, de la bolsa en la cabeza para quedar sin oxígeno hasta la inconsciencia, de las amenazas en las que le aseguraban que de no declararse culpable llegaría a su casa a encontrar de su padre y madre sólo la cabeza, luego de dos días de todo eso, cansado hasta el extremo, temiendo por la vida de toda su familia y por la suya misma, Iván dijo que sí, que firmaba la declaración de culpabilidad.

Dos años y siete meses tuvieron que pasar él y su hermano mayor en la cárcel hasta que un juez determinó que no había pruebas en su contra y que el Protocolo de Estambul aplicado dio positivo a la aplicación de tortura para obtener una confesión.

El hermano menor, por otra parte, pasó casi dos años en el Tribunal para Menores donde no alcanzó a terminar la secundaria. “Él siento que es el que quedó más afectado. Le arruinaron su infancia”, dice Iván.

Después de ese tiempo encerrados pudieron obtener la libertad. Dejaron la cárcel sin siquiera una disculpa de la autoridad. Nada.

Interpusieron una denuncia en contra de los policías de la entonces unidad antiextorsión involucrados en la detención de los hermanos Figueroa, los que siguen laborando en la fiscalía, comenta.

A más de seis años que Iván y sus hermanos fueron torturados por policías ministeriales no hay culpables ni sentenciados.

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