“Debemos analizar el origen de los delitos”

Los menores de edad detenidos durante operativos contra la delincuencia organizada no deben ser juzgados sin que autoridades detecten cuáles fueron los motivos por los que se cometieron estos actos delictivos, consideraron especialistas en derechos humanos.

Señalaron que la pobreza, la falta de educación, la ausencia de servicios de salud, la carencia alimentaria y la obligación de mantener a otra persona provoca que niñas, niños y adolescentes se sumen a grupos criminales para ganar dinero rápido.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó que las bandas tienen tres formas para integrar a jóvenes a sus filas.

“Un tipo de reclutamiento es el de sobrevivencia: los menores viven en municipios de cárteles y los amenazan con hacerles daño si no se integran; también pueden sumarse porque algún familiar está inmiscuido o simplemente los levantan de las escuelas y calles para convertirlos en sus esclavos”.

Dijo que desde el momento en que un joven es detenido se le debe considerar como víctima de “reclutamiento forzoso”, para así replantear los castigos que pueden recibir por parte de un juez.

El especialista aseguró que, según estimaciones de su organización, cada año 5 o 6 mil menores de edad cometen algún delito, y 36% son de alto impacto: secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército o delitos contra la salud.

“Es una mentira que el crimen organizado recluta niños porque salen rápido de la cárcel, los recluta porque están en desprotección, porque tienen un referente adulto vinculado a un hecho criminal; han sido víctimas de violencia física y sexual, además de que sus derechos humanos son vulnerados constantemente”, indicó.

Expresó que aunque Chihuahua y Tamaulipas es donde más detenciones se efectúan, debe prestarse atención a Guerrero y Veracruz “porque el problema va en aumento en estos estados”.

Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres, mencionó por qué la población femenina tampoco se escapa del reclutamiento de delincuentes.

“Las detenciones son un asunto de género. Cuando vimos a las mujeres detenidas por delitos contra la salud nos dimos cuenta [de] que la mayoría es por posesión con fines de comercio o transporte. Están en la parte más baja de la pirámide criminal y es más fácil que las detengan”.

De acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de información, las mujeres menores de edad representan 10% de los jóvenes detenidos en este tipo de operativos, con 457 casos.

“Entre 2016 y 2018 las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud incrementaron en 103% y los hombres en la mitad, según datos del Censo Nacional de Seguridad del Inegi”, agregó Isabel Erreguerena.