La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) deberá hacer públicas las acciones emprendidas para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos Fernández Ortega y otros vs. México, y Rosendo Cantú y otra vs. México, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Inai ).

Esto, referente a programas o cursos permanentes y obligatorios de capacitación en derechos humanos , así como aquellos que regulen la apropiada interacción entre el personal militar y la población civil, equidad de género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las fuerzas armadas de todos los niveles jerárquicos, del periodo septiembre de 2010 a 2015, así como del año 2017 al 2019.

Aseguró, la comisionada ponente del caso Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien dijo en los dos acontecimientos registrados en 2002 se ejerció violencia sexual contra mujeres indígenas por personal castrense.

Ibarra Cadena puntualizó que “ambos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en sus sentencias correspondientes, sostuvo que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, por el incumplimiento de los deberes de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Al dar a conocer esta información la dependencia permite el escrutinio de la ciudadanía sobre su desempeño y da a conocer el avance e interés del personal en materia de derechos humanos, sobre todo en aquello donde se determinó la responsabilidad del Estado mexicano.

Al respecto la dependencia, se limitó a decir con lo relacionado a los casos era susceptibles de conocerse en la página de internet de la Corte IDH y proporcionó el enlace correspondiente.

El solicitante inconforme, interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la respuesta estaba incompleta.

La Sedena, dijo que las acciones para dar cumplimiento a las sentencias de interés del particular, no son informadas directamente a la CIDH, sino que el orden jurídico mexicano prevé el procedimiento mediante el cual las autoridades del país coadyuvan para atender y dar seguimiento a los requerimientos de los organismos internacionales de derechos humanos. Precisó no tener ninguna injerencia en la información que se sube al portal de la CIDH.

Durante el análisis del caso se conoció que el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y la Dirección General de Derechos Humanos, unidades administrativas a las que se turnó la solicitud de acceso, no buscaron la información solicitada.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, conminó al Pleno del Inai pronunciarse por modificar la respuesta a la entidad castrense y le instruyó a que, con un criterio amplio, realice la búsqueda en la totalidad de las unidades administrativas competentes sobre la información solicitada.

rmlgv

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