Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos
La entidad gubernamental encabezada por Raquel Buenrostro advirtió que engañar en procedimientos de contratación tiene consecuencias
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, inhabilitó este lunes a tres empresas proveedoras del Gobierno Federal para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública.
En un comunicado, la entidad gubernamental detalló que las personas morales sancionadas son: Guardería Infantil San Nicolás, A.C., Just Implant, S.A DE C.V. y CISM, S.A. de C.V.
Sobre la asociación Guardería Infantil San Nicolás, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS le impuso una multa de 134 mil 664 pesos e inhabilitación por seis meses, bajo el argumento de que proporcionó información falsa durante la vigencia de un contrato en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
La notificación fue realizada el pasado 15 de diciembre y publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La empresa Just Implant, por otro lado, fue sancionada con una multa de 577 mil 320 pesos e inhabilitación por un año, porque brindó información falsa en un procedimiento de contratación para el suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis. La notificación fue realizada el pasado 16 de diciembre.
Por último, se impuso a CISM una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por tres meses, debido a que, “injustificadamente y por causas imputables a la empresa”, no formalizó dos contratos con los que resultó adjudicada, derivado de su participación en una licitación pública.
Dicho contrato era para adquirir servicio de mantenimiento y rehabilitación de las oficinas y áreas administrativas de los inmuebles en uso y administración de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el ejercicio fiscal 2022. La notificación de la sanción fue notificada el 12 de diciembre pasado.
Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las personas morales referidas fueron ya inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impedirá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Explicó que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y que, en dado caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones aplicadas, por haber sido impuestas “con apego al derecho y en protección del interés público”.
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