Riesgo para los egresados universitarios

Quienes han seguido en estas páginas mis opiniones acerca del asunto de las acusaciones nunca comprobadas contra una persona especifica, saben que he sostenido a partir de mi experiencia como ex Abogado General de la UNAM y ex Director General de Profesiones mi preocupación sobre el peligro de que la Máxima Casa de Estudios se involucre en una disputa de carácter político en la que están en juego las mejores causas del país y la afectación de grandes intereses transnacionales que han obtenido utilidades desproporcionadas e injustas como las empresas generadoras de energía eléctrica.

Como universitario me inquieta que la legislación de mi Universidad pueda responder, no a verdaderas necesidades académicas, sino a un concreto propósito de enfrentamiento ideológico-político.

Eso es lo que pareció predominar en las reformas aprobadas la sesión de ayer por el Consejo Universitario de la UNAM. En principio parece bueno el objetivo, empero se percibe también un afán de impulsar una legislación coyuntural con intenciones políticas que da la impresión de fraguarse con el único objetivo de causar daño a una persona concreta, amenazando con aplicar

retroactivamente las modificaciones introducidas para satisfacer intereses extra universitarias en lugar de atender al estricto apego a la legalidad. Resulta delicado que en ese empeño, las reformas introduzcan un grave riesgo para todo egresado de la UNAM dado que el Estatuto General, a partir de ahora dirá que “la Universidad podrá declarar la nulidad absoluta del certificado, diploma, título y/o grado obtenido cuando no se cumplan los requisitos establecidos por la normatividad aplicable a cada caso concreto” . A ello se agrega: “La nulidad declarada conforme a este artículo extenderá sus efectos a las consecuencias derivadas del acto anulado, sin necesidad de hacer declaración específica de los mismos” y para rematar se dice que los “graduados en ella, en todo momento deberán observar los principios contenidos en el Código de Ética de la Universidad”.

Esa pretensión excede al ámbito de competencia de la Universidad y la acabará dañando pues no solo los profesionistas quedarían expuestos a una eventual arbitrariedad basada en criterios éticos no definidos, sino a cualquier particular que haya contratado sus servicios. Imaginemos un empresario que mediante el dictamen de un contador certificado para dictaminar sus cuentas ha acreditado debidamente sus impuestos y que ese dictamen queda sin valor porque la Universidad le anule el título en razón de supuestas faltas éticas cometidas después de haber concluido su carrera. No conviene que la UNAM ponga en riesgo la credibilidad de sus propios títulos y amenace a sus egresados con despojarlos de ellos si faltan a la ética “en todo momento”. Nuestra Máxima Casa de Estudios no debe colocar esa Espada de Damocles sobre los graduados extendiendo su función más allá del ámbito de la actividad académica. La vigilancia del ejercicio profesional es facultad de la autoridad estatal, no de las instituciones educativas.

@DEduardoAndrade