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El director general de la cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de futbol, Guillermo Álvarez, reingresó la tarde de ayer al edificio corporativo localizado en el Pedregal de Carrasco, en la Ciudad de México.

Esto significa que retomó el control administrativo y financiero de la cooperativa y que se cierra un capítulo en el conflicto entre institucionales y disidentes por tomar el control, el cual se extiende desde hace una década.

“Esa es la forma en que tienen que trabajar todas las empresas [pacíficamente], porque no solamente se contribuye al desarrollo de un estado, sino del país. Para nosotros es tener que restablecer en mucho la paz y la tranquilidad porque hay personas sumamente capaces, productivas, enfocadas totalmente al giro principal de nuestra organización”, dijo a la prensa antes de ingresar al edificio ayer alrededor de las 17:40 horas.

El edificio estaba tomado desde el pasado 23 de agosto por un grupo de cooperativistas que respaldaban a José Antonio Marín, quien ostentaba el cargo de interventor.

El conflicto estalló la semana pasada cuando el juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México ordenó evitar que Álvarez Cuevas continuara ostentándose como representante legal de la cooperativa, cuya representación la tenía el Consejo de Administración como órgano ejecutivo de la asamblea general y que se ordenaba suspender y detener las facultades de Álvarez.

Los disidentes reclamaban que desde 2013 Billy Álvarez, como se le conoce, ostentaba la dirección general de La Cruz Azul de manera “ilegal e indebida” al argumentar que había desobedecido una orden para que las facultades para administrar la cooperativa las ejerciera un consejo de administración.

Álvarez Cuevas e integrantes de su círculo cercano habían sido acusados de actos de corrupción y desvío de recursos de la cooperativa por parte de los disidentes.

La dirección de la cooperativa cementera interpuso un amparo contra la orden del juez de destituir a Guillermo Álvarez y obtuvo una suspensión provisional contra la determinación.

“Esta gente que actuó debe tener no más de 10 juicios que no tienen nada que ver ni están sustentados en la verdad ni en la documentación legal. El que afirma está obligado a probar. En un juicio de amparo, un juez federal nos otorga el amparo y nos dice: ‘La autoridad, en la cooperativa, es el director general y está con plenas facultades’”, dijo Víctor Manuel Garcés, exrepresentante jurídico de la cooperativa.

“Lo que nos interesa es acreditar ante todas las autoridades que la estructura administrativa de la administración está limpia”, dijo.

Luego de dicha determinación, un grupo de alrededor de 150 cooperativistas llegó a la sede del edifico corporativo en Periférico Sur 5550, en Pedregal de Carrasco, la tarde del miércoles.

Cerca de las 17:00 horas rompieron las cadenas con que los disidentes mantenían cerrados los portones del edificio e ingresaron entre gritos de apoyo a la cooperativa e insultos en contra de quienes la tomaron.

Las personas que se encontraban dentro desde el 23 de agosto se retiraron del edificio poco antes de la llegada de Guillermo Álvarez.

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