Como parte de sus actividades en su primera visita a México, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) recorrió sitios de inhumación clandestina en dos de los 13 estados a los que acudió ante el panorama de más de 94 mil personas desaparecidas en el país.
Sólo en 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda registró 40 mil 180 personas desaparecidas. Hoy, la cifra oficial no sólo se ha duplicado, sino que colectivos y organizaciones señalan la existencia de un número negro de denuncias en estos casos.
Los diagnósticos de 12 entidades entregados al CED destacan al menos 10 puntos donde se enfatiza la impunidad, crisis forense, revictimización hacia víctimas indirectas, colusión de fiscalías con el crimen organizado, negligencia de éstas, desplazamiento forzado por amenazas y el asesinato de buscadoras.
El comité acudió a Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, la capital del país, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Veracruz.
Durante el primer día de la segunda intervención de la sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos, el CED presenció los trabajos de los colectivos de la Red de Enlaces Nacionales (REN), conformada por 160 grupos de 27 estados.
En la primera intervención, la brigada localizó 11 puntos de inhumación clandestina, el más grande después de los hallazgos en las fosas localizadas en Tetelcingo y Jojutla.
“Estamos aquí con el fin de agotar este terreno de búsqueda, y ponemos todos los esfuerzos para poder dar cierre a estos puntos de trabajo”, explicó al comité de la ONU Montse Castillo, integrante de la REN.
Otro sitio que visitó el organismo internacional fue el Gran Canal de Ecatepec, donde participó en la reactivación de la búsqueda y rastreo de humanos, con la coordinación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, fiscalía local y la Conagua, ya que en el lugar se han localizado restos de personas reportadas como desaparecidas.
Los años en los que las desapariciones se volvieron más frecuentes fueron 2010, 2014 y 2016. Desde 2013, el comité de la ONU solicitó visitar el país tras los altos índices de víctimas por desaparición, pero fue rechazado. El 30 de agosto de este año, el gobierno aceptó, por lo que México es el primer país en tener la presencia del organismo internacional en esta materia.
“Todos los temas son importantes, pero el forense es principal, pues nosotros, como familiares, somos investigadores y buscadoras. La vida nos colocó aquí y hemos adquirido esa profesión. En la zona norte de Veracruz tenemos trabajos en el predio La Gallera, donde encontramos puro fragmento de hueso quemado. Eso para nosotros es preocupante, ya que es difícil la identificación; estamos rebasados de restos y de cuerpos.
“Veracruz es una fosa. Notamos la existencia de ‘cocinas’ [campos de exterminio], que es muy duro y una realidad que no podemos esconder.
“Tenemos guardadas cenizas y restos muy carbonizados y tenemos la esperanza de que podemos ser favorecidos más adelante y que eso pueda servir para darle identidad a todas esas personas que quedaron en ese lugar y en otros estados.
“Examinaremos con atención para que podamos realizar recomendaciones adecuadas y avanzar en la solución de este problema, porque los derechos de las víctimas es el principal objetivo que tiene el comité en el desarrollo y la aplicación para el mejor cumplimiento y desarrollo, y para hacer posible que al final tengan la dicha de poder encontrar a sus familiares”.
El CED presentará sus observaciones preliminares al gobierno de México y dará a conocer un informe público en marzo del próximo año, para compartir todas sus conclusiones y recomendaciones.
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