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El rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refuerza la idea de que el país es un lugar controlado por grupos de crimen organizado, con inseguridad y sin estrategias contundentes, como acusa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierten especialistas.
Sobre el tema EL UNIVERSAL entrevistó a Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México; a René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH); y a Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y acompañante de colectivos de búsqueda.
“El Estado mexicano señala que hay elementos ajenos que están causando este ambiente de desaparición forzada y de inseguridad. Todo ello viene a reafirmar y fortalecer el discurso de Donald Trump hacia el mundo: que México apoya a terroristas y carece de una efectiva medida de seguridad propia, a menos que tenga intervención”, apunta Israel Muñoz Cruz.
El presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México considera que el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue desafortunado, debido a que señaló como “sesgadas” las observaciones de la ONU.
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“Hay una baja profesionalización de los casos de personas desaparecidas. Muchas de estas situaciones apenas y llegan a abrirse una tarjeta de investigación y cuando esta se abre, muy pocas veces se le llega a dar el debido cumplimiento. Asimismo, las fiscalías no dan seguimiento y además tenemos una crisis forense y de identificación”, expresa.
El Comité de Desapariciones Forzadas publicó un informe el pasado 2 de abril, donde se señala que el delito en el país se ha perpetrado a grandes niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad, por lo que pidió que el tema sea discutido en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
“Esto al estimar que México ha incurrido reiteradamente en una conducta que se denomina los delitos de lesa humanidad como lo establece bien la Carta de la ONU y sobre el artículo 34 para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ratificada por el Estado mexicano en 2006, en el cual establece claramente que todos los países son responsables para prevenir este tipo de delitos”, explica.
Así, indica que el nuevo canciller, Roberto Velasco Álvarez, deberá combatir todas las declaraciones que el presidente estadounidense, ha llevado a cabo para justificar su discursos de intervencionismo en territorio mexicano ante las cifras de homicidios, delincuencia organizada y desapariciones.
Durante la Asamblea General, también se abordarán temas como los conflictos armados entre Israel y países del Medio Oriente, así como sus implicaciones comerciales en todo el mundo. Sin embargo, las desapariciones forzadas en México serán discutidas en Nueva York, frente a todas las naciones y sus representaciones diplomáticas.
Para René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), que México —un país sin guerra— tenga los índices más altos de desapariciones y que en vez de contabilizarlas como homicidios documenten más casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED), alerta a organismo internacionales.
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“La gran mayoría de los desaparecidos en México han fallecido porque se les busca en fosas comunes y fosas clandestinas. (...) El Estado lo permite, lo tolera, lo observa y no toma medidas para evitar estas desapariciones que contribuyen a que haya un poder de fuerzas paralelas al Estado, es decir, de crimen organizado”, puntualiza.
Explica que hay un derivado del Estatuto de Roma firmado por México, que establece 11 crímenes de lesa humanidad, uno de ellos es la desaparición sistemática de personas como métodos de control político o de poder. Además, el gobierno federal ha cometido omisiones al contar, buscar y proteger a familiares de personas desaparecidas.
“Lo que ha hecho la ONU de echar la luz sobre lo que está pasando, es por la inacción cómplice del Estado Mexicano. No hay prevención de las desapariciones, no hay un protocolo y cuando hubiera alguna denuncia, solamente se registra. La respuesta que le dio el Estado mexicano a la ONU es varias cosas: es torpe, simplista y mentirosa”, acusa.
Bolio Halloran menciona que México está negando la realidad de más de 130 mil personas desaparecidas, evadiendo su responsabilidad y naturalizando un fenómeno muy trágico. Afirma que después de la Asamblea General, la opción más ideal es que el gobierno aplique un Estado de Derecho, otorgue más presupuesto, personal y voluntad política para encontrar a las personas.
Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y acompañante de colectivos de búsqueda explica que el informe del CED no es un juicio político sino una evaluación técnica y diagnóstico que considera la generalidad y sistematicidad de las desapariciones en el país.
“El Comité lleva haciendo visitas a México desde el 2015, son más de 10 años de documentación que el Comité ha recabado por parte de las familias, de las organizaciones, de la academia, incluso del mismo gobierno mexicano. El CED ha observado que los avances son insuficientes”, destaca.
Además de las desapariciones, el Comité contra la Desaparición Forzada resaltó que hay más de 83 mil restos de personas sin identificar, 5 mil fosas clandestinas y que el 99% de los casos de desaparición permanecen en impunidad. Por lo que ofrece ayuda técnica para profesionalizar la búsqueda y hasta aportar recursos financieros.
“El CED no está buscando atacar al gobierno mexicano. Busca establecer un mecanismo de esclarecimiento de verdad y que pueda proporcionar asistencia y protección a las familias. El gobierno sí ha adoptado una postura defensiva y de descalificación, su estrategia no puede ser la de denostar al mensajero cuando hay familias buscando con sus propias manos a sus seres queridos, o yendo a las distintas morgues del país a ver los cuadernos, a ver si de pura casualidad reconocen a su ser querido”, dice.
La especialista califica como “necesario” que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acepte la asistencia internacional y no vea la atención del CED como un ataque, más bien como una oportunidad para detener esta crisis humanitaria.
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dft/bmc
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