El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear una alerta de violencia .

La finalidad es implementar mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.

De acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones.

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Y al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52% los reportes de violencia familiar.

La iniciativa define la alerta “como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.

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Sus objetivos son incorporar mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.

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De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción. Para ello, destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia.

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La diputada Mariana Gómez del Campo señaló que la alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.

También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas.

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Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales.

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