De un universo de más de 500 reservas desahogadas, la Cámara de Diputados aprobó ayer un paquete de 18 que propusieron las bancadas de Morena, PT y PVEM, que aseguraron “atiende las inquietudes del sector agrícola”, pero que generó confrontación con las bancadas opositoras, que afirmaron que ninguna de ellas “solucionan lo que dicen”.

Destacó la modificación al artículo 22, que establece que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones, “no serán sujetos de transmisión”.

A dicho artículo se le agregó un párrafo en el que se puntualiza que los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán conforme al artículo 37 Bis, que establece: “La autoridad del agua resolverá mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes”.

También se aprobó una reserva al artículo 24 para establecer que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente, “siempre y cuando sus titulares lo soliciten entre los tres años previos al término de su vigencia y seis meses antes de su vencimiento”.

Se modificó el artículo 49, que apuntaba que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión, “no aplicará un cambio de uso cuando se trate de uso agrícola y pecuario”. En la reserva se agrega que tampoco aplicará cuando se trate de actividades acuícolas.

Se modificó el artículo 123 Bis 3 para establecer la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Señala que cuando el volumen sea menor o equivalente a 50 mil litros, la pena será de tres a cinco meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50 mil litros, la pena será de seis a ocho meses de prisión.

De igual forma, se avaló una reserva al artículo 123 Bis 5, que imponía penas de uno a ocho años de prisión a aquel funcionario que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos, a cambio de un beneficio para sí, para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el segundo grado; con la reserva, las penas serán de dos a 14 años.

En el quinto transitorio donde dice que la Conagua presentará un programa de regularización, se estableció que en la emisión de esos lineamientos “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento”.

Se agregó un séptimo artículo transitorio para establecer que durante la implementación de la nueva ley y la emisión de las reglas en materia de agua, se deberá llevar a cabo “una gestión hídrica responsable”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]