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Las bancadas del PAN y PT en el Senado demandaron al gobierno federal y al PRI demostrar voluntad para atender las demandas de cambio en la Ley de Seguridad Interior, expresadas por la oposición y organizaciones de la sociedad.

El PAN dijo que el espacio de diálogo abierto por la Cámara Alta antes de discutir la Ley de Seguridad Interior debe servir para enriquecerla y no para aparentar una apertura de diálogo con la sociedad.

Mientras que el vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa afirmó que “es una simulación” la suspensión de la sesión de comisiones unidas de la Cámara Alta en la cual se pretendía dictaminar la Ley de Seguridad Interior, para supuestamente atender el exhorto que el viernes hizo el presidente Enrique Peña Nieto.

“El Ejecutivo exhortó al Senado para extender el diálogo con la sociedad respecto a la Ley de Seguridad Interior, pero eso no significa que el presidente haya entrado en razón o comprendido que esta ley es inconstitucional, que representa un riesgo para los derechos humanos y que subordina a las autoridades civiles a los mandos militares, si no se trata de una simulación más”, afirmó.

En tanto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ana Lilia Herrera (PRI), aseguró que en el análisis de la minuta ha sido incluyente porque “queremos que el diálogo enriquezca el trabajo legislativo para seguir construyendo un marco legal que contribuya a garantizar la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

“El Senado es y seguirá siendo un espacio de diálogo abierto con la sociedad”, aseveró Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La legisladora informó que, desde que se recibió la minuta con proyecto de Ley de Seguridad Interior, se han realizado tres reuniones con representantes de diferentes organizaciones civiles y organismos autónomos como la CNDH y el Inai.

La senadora precisó que el mismo martes 5 de diciembre, cuando se dio cuenta al pleno senatorial del turno de la minuta, la presidenta y los presidentes de las comisiones dictaminadoras escucharon las inquietudes de organizaciones sociales y diversos colectivos, encabezados por María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.

La legisladora recordó que se escucharon las inquietudes de Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; de Guillermo Silva, asesor del presidente de la CNDH; de Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, así como del General de Brigada de Justicia Militar Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena.

También se llevó a cabo un encuentro donde los senadores escucharon las preocupaciones del comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas.

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