SFP: transparencia total en gabinete de López Obrador

nacion@eluniversal.com.mx

Al abrir las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de 19 secretarios de Estado, del consejero jurídico de Presidencia, y de los superdelegados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que modificará la plataforma de Declaranet para evitar confusiones, además, ahora todos los altos funcionarios tendrán la obligación de abrir sin reservas su información.

Sin embargo, la plataforma de Declaranet aún no contenía los documentos completos, sin reserva, de algunos funcionarios, como de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa para informar que todos los secretarios de Estado y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, abrieron al 100% sus declaraciones patrimonial y de intereses, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a los actuales funcionarios federales, principalmente a su gabinete, les entregará un cochinito para que ahorren y les sirva al salir del gobierno. Otra de las opciones que les da es trabajar como maestros para evitar que laboren en empresas con vínculos con el gobierno federal.

“También que sirva para los que tienen ahora la posibilidad de un sueldo, ahorren. Ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía”, dijo.

En la misma conferencia, la secretaria Sandoval Ballesteros expresó que el sistema Declaranet estuvo diseñado en otro gobierno y caminó hacia confusiones en el pasado.

Detalló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto ningún funcionario del gabinete hizo públicas sus declaraciones patrimoniales; en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, únicamente cuatro lo hicieron público, y durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, sólo uno abrió sus declaraciones.

Ayer por la noche, la Función Pública subió el enlace http://servidorespublicos.gob.mx/registro/gabinete.jsf, para facilitar la consulta de las declaraciones patrimoniales de las y los integrantes del gabinete legal y ampliado.

Amplían declaraciones. En una consulta hecha por EL UNIVERSAL a la plataforma Declaranet se observó que algunos funcionarios aclararon, corrigieron o modificaron la información proporcionada anteriormente.

Tal es el caso de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), quien informó en el mismo portal que sólo tiene estudios hasta nivel secundaria, y devenga un salario neto de 119 mil 722 pesos, es decir, gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, quien el pasado 1 de diciembre informó en su declaración patrimonial que había finalizado su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), corrigió este domingo 10 de febrero y aseguró que le faltan algunas materias para concluir la carrera.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena reveló un vínculo de parentesco con Tania Ortiz Mena López Negrete, quien se desempeña como directora general de infraestructura energética nova (IEnova), empresa que el gobierno federal señaló por contratos leoninos.

Otros funcionarios federales agregaron aclaraciones.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, indicaron posibles conflictos de interés.

El primero por el trabajo de su esposa en una empresa de comunicación, y el segundo por ser consuegro del actual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Se encontró que había un error en el grado de estudios de Alejandra Frausto Guerrero, encargada de la Secretaría de Cultura, pues en el documento aparece como “cursando el noveno semestre”, pero tiene una aclaración en la que se especifica que el 22 de noviembre de 2018, nueve días antes de tomar el cargo, obtuvo el título como licenciada en Derecho emitido por la UNAM.

Aunque todos los funcionarios aceptaron hacer públicos sus datos patrimoniales, hay casos en los que todavía ayer tenían algún tipo de candado.

Por ejemplo, Francisco Alfonso Durazo Montaño declaró que tiene siete bienes inmuebles (dos locales, tres casas, un terreno y un departamento), pero ninguno tiene el número de registro público de la propiedad ni otro dato que permita la identificación de los mismos.

Esta situación se repite en la declaración de Miguel Tomás Torruco Marqués, secretario de Turismo, quien declaró tener tres casas, la última adquirida en mayo de 2015, pero sin ningún dato con el que se pueda comprobar la propiedad.