Senado compró camioneta usada como nueva para Canal del Congreso

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una promoción de responsabilidad administrativa a trabajadores del Senado de la República que participaron en la licitación pública GRMSG/L023/2018 por haber comprado una camioneta, posiblemente usada, para las tareas del Canal del Congreso .

De acuerdo con la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018, presentado este jueves, cerca de 40 millones 434 mil pesos fueron pagados por la compra de una camioneta “Sprinter Mercedes Benz, Cargo Van Extra Larga Básica” y el equipamiento para cámaras de estudio.

Según las bases de la licitación, la camioneta se tenía que entregar nueva y a más tardar el 31 de octubre de 2018, pero final el licitante pidió entregarla en febrero de 2019 por “no contar con el vehículo ni el equipamiento necesario”, aún cuando se comprobó que contaba con ella una año antes.

Para la ASF se demostró, con la fecha de la factura emitida en febrero de 2018, que “el citado vehículo pudo no haber sido nuevo”, como indicaban las bases, y que el Senado actuó “sin observar el principio de imparcialidad”.

En esa misma partida, se pagaron 18 millones 74 mil pesos por la compra del equipo digital de alta definición para el Canal del Congreso, licitación en la que participaron cinco empresas, tres de las cuales pidieron ampliar el plazo de entrega (que era de 13 días), por proponer productos de importación.

El Senado les negó la ampliación del plazo y solo quedaron dos participantes. Uno de ellos fue descalificado “bajo el argumento de que no había presentado todas sus actas notariales que acreditaran las modificaciones a la original, aun cuando la norma relativa señala que no será motivo para desechar las propuestas de los licitantes”.

La empresa adjudicada, según dijo la ASF, entregó algunos de los bienes con hasta 25 días naturales de atraso, así que instruyó al Senado para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos que participaron en el proceso.

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