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El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una penalización por 5.7 millones de pesos a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., proveedora de los servicios de arrendamiento vehicular por los que el organismo pagó 935.4 millones de pesos en cuatro años.

Las sanciones fueron por incumplimiento de algunas condiciones contractuales y la no utilización de los servicios convenidos, en tanto que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE formalizó la presentación ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, de una denuncia de hechos.

De acuerdo con el Informe Previo de Gestión 2017 del órgano, se confirmó la existencia de irregularidades vinculadas con hechos, actos y omisiones en los que presuntamente incurrieron servidores del instituto.

Desde hace más de un año, siendo Contraloría General, el órgano detectó que el contrato estaba subutilizado pese al alto monto pagado —con vencimiento en 2018— para la renta de mil 96 unidades y que hubiera salido al Instituto Nacional Electoral hasta 53% más económico comprar los vehículos que rentarlos.

“El instituto debe evitar incurrir en la contratación de servicios injustificadamente costosos sin haber realizado una valoración rigurosa y objetiva de sus necesidades, así como de las diferentes alternativas disponibles para la adquisición de vehículos” y con criterios de racionalidad y austeridad, planteó el Órgano Interno de Control.

En el informe presentado ayer al Consejo General del INE se estableció que el instituto mantiene el crecimiento injustificado de la plantilla laboral, y además persiste en una deficiente planeación que lo lleva a presupuestar en exceso.

Por ello, en la segunda mitad del año y para no incurrir en subejercicios, el INE formaliza contratos que no siempre benefician al órgano electoral.

“Históricamente el IFE y ahora también el INE han presentado altas disponibilidades presupuestales y un ejercicio de gasto focalizado hacia los últimos meses de cada año”, por lo que hay constantes adecuaciones al gasto y al Programa Anual de Adquisiciones, insistió el titular del Órgano, Gregorio Guerrero Pozas.

Reiteró que la estructura ocupacional, tanto de plazas presupuestales como de honorarios permanentes se debe apegar a estrictas necesidades de personal, por lo que se debe privilegiar las sinergias y la cooperación con los Organismos Públicos Locales.

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