Estados Unidos inició investigación en 2015

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Desde 2015 Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, tiene orden de aprehensión emitida en su contra ante una Corte Federal estadounidense.

Estados Unidos formalizó la petición y el jueves 28 de septiembre pasado un juez federal emitió una orden con fines de extradición en contra del ex mandatario.

Las acusaciones por las que la Corte Federal del Distrito Sur de Texas con sede en Corpus Christi requiere al ex mandatario son lavado de dinero, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria.

Además de Hernández Flores, en el caso se acusa a Óscar Manuel Gómez Guerra, cuñado del ex mandatario.

Las acusaciones de fraude fueron agregadas en febrero de 2017 por el supuesto agravio cometido a International Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, derivado del falseo de información de sus ingresos para realizar transacciones de México a Estados Unidos.

Los créditos por los que se acusa a ambos mexicanos suman 30 millones de dólares por lo que el gobierno estadounidense busca confiscar cuatro propiedades del priísta, tres de ellas ubicadas en McAllen, valuadas en más de 2 millones de dólares. La cuarta propiedad se encuentra en Austin, Texas.

En 2009 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una averiguación en su contra por supuestamente estar vinculado con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

En esa indagatoria estuvo involucrado su antecesor, Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra quien en 2015 la SEIDO solicitó una orden de aprehensión y determinó el no ejercicio de la acción penal contra Eugenio Hernández, al indicar que no existían pruebas suficientes.

Uno de los testigos clave de la investigación, “Ángeles”, quien dijo ser enlace entre el gobierno de Tamaulipas y el Cártel del Golfo, declaró que en 2004 habló con sus líderes para que autorizaran la candidatura de Hernández a la gubernatura, como sucesor de Yarrington.

Otro testigo referido como El Pitufo, dijo que la organización CDG se dedicaba a cooptar autoridades con pagos millonarios para brindar protección al cártel, Los Zetas.