Conapred condena grito homofóbico de diputadas

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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) consideró “doblemente gravoso” que los diputados federales repliquen los gritos homofóbicos de los estadios en el Congreso de la Unión y los exhortó a que eviten “reproducir prejuicios y estereotipos negativos”, como los que se produjeron durante la aprobación del Presupuesto para 2018.

El pasado jueves, durante la sesión, un grupo de diputadas del PRI gritaron al legislador de Morena, Mario Ariel Juárez, el polémico grito “¡Eeeeeeehhh pu...!”, luego de que acusó de corrupto al coordinador de la bancada del PRI, el mexiquense César Camacho Quiroz.

En un comunicado, el Conapred recordó a los legisladores federales que ese grito es una expresión de “desprecio, de rechazo y no es descripción ni expresión neutra, es una calificación negativa que estigmatiza, pues homologa la condición homosexual con cobardía”.

Puntualizó que el sentido con el que se da este grito colectivo en los estadios no es inocuo, sino que refleja la “homofobia, el machismo y la misoginia que privan aún en nuestra sociedad”.

La institución calificó de “doblemente gravoso” que este grito “homofóbico” se traslade del estadio al Congreso de la Unión, espacio público de un sistema democrático que, por tanto, está llamado a guardar la máxima aspiración incluyente.

El Conapred reiteró lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativo a que “las violaciones al derecho a la no discriminación por el ejercicio de la libertad de expresión, no pueden ser abordadas de la misma manera cuando se trata de personas servidoras públicas que de particulares.

“Las limitaciones al derecho a la libertad de expresión deben ser mayores para las personas servidoras públicas, pues tienen la obligación de no aumentar la vulnerabilidad de los grupos o personas que se encuentran en situación de discriminación”, se indicó en el comunicado.

Recalcó que la CIDH, en su reciente Informe sobre Violencia Contra Personas LGBTTI manifestó su preocupación por la afirmación y utilización de estereotipos negativos y discriminatorios sobre dicho colectivo, lo cual resulta aún más preocupante cuando quienes los utilizan son personas servidoras públicas, y aún es más grave cuando lo hacen las y los legisladores federales.