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¿En comisiones, el Senado aprobó reducir la duración de las concesiones para la explotación de las vías férreas en el país de 50 a 30 años, y también se aprobaron multas que podrían llegar a los 3 mil millones de pesos, según cálculos de los legisladores, a las empresas que incurran en violaciones a la ley.
El dictamen pasará al pleno del Senado para su discusión y aprobación; por lo pronto, cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición, que argumentaron que el dictamen como está aprobado, podría afectar de manera retroactiva a los concesionarios activos, así como generar incertidumbre jurídica, afectar la generación de empleos e instaurar multas excesivas.
Los argumentos a favor por parte de Morena es que el dictamen busca fortalecer a la industria ferrocarrilera nacional frente a la trasnacional, luego de que el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León privatizara Ferrocarriles Nacionales de México, que se permitirá la participación de nuevos actores y se limitará el otorgamiento de concesiones excesivas que en muchos casos superan los 100 años.
En sesión a distancia, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario; se propuso actualizar el marco legal vigente para establecer las bases para realizar una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
El dictamen se aprobó con ocho votos a favor y seis en contra en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Los legisladores de la oposición (PAN-PRI-PRD y MC) reclamaron que las sanciones podrían llegar a los 3 mil millones de pesos, lo que las convierte en multas excesivas, según calificó Miguel Ángel Mancera (PRD).
Además, se establecen invasiones a la competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica en la imposición de barreras de entrada y la limitación en los ajustes de tarifa que sólo se podrían hacer cada
tres años.
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