Avalan diputados destitución de todo funcionario que encubra pederastas

Con 411 votos la Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal para que el delito de

sea imprescriptible y aumenten las penas hasta 36 años de prisión para quien cometa ese ilícito.

Esa penalidad se aplicará en caso de que el responsable de agredir sexualmente a un menor de edad ejerza la patria potestad sobre él, la guardia y custodia; tenga relación de ascendencia o descendencia con la víctima sin límite de grado; sea familiar en línea colateral hasta cuarto grado; haya incurrido en el delito en virtud de la relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima.

El incremento en la pena carcelaria se aplicará también si el victimario se vale de una función pública para cometer el delito, habita el mismo domicilio de la víctima; es ministro de un culto religioso o emplea violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

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Actualmente el Código establece que al responsable de pederastia se aplicarán sanciones de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días multa. La enmienda incrementó los castigos al doble, es decir hasta 36 años de cárcel y 4 mil 500 días de multa, en caso de que se presenten las circunstancias arriba citadas.

Además la reforma incluyó que se aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al autor del delito, a aquel servidor público que encubra a un pederasta.

El dictamen avalado con el respaldo de todas las bancadas fue turnado al Senado, en donde otros legisladores también han presentado otras iniciativas similares.

En la tribuna, al fundamentar el dictamen, la legisladora Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, advirtió que con las reformas se garantizará que este delito pueda ser denunciado en el momento en que la víctima pueda y decida hacerlo, sin que haya limitante temporal para la presentación de la querella.

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Indicó que hasta el momento el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia de niñas y niños, pese a estar obligado por diversas recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, firmado en febrero de 2014.

Recordó que a nivel internacional en diciembre la congregación Legionarios de Cristo dio a conocer un informe en el que reconoce que sus integrantes abusaron sexualmente de 175 menores de edad, y 60 de éstos casos el perpetrador fue Marcial Maciel.

Muchos de esos casos, cometidos entre los años de 1941 y 2019, “quedarán en la impunidad porque ya no pueden ser castigados. Durante muchos años las víctimas del padre Maciel denunciaron los abusos y ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas ni las autoridades judiciales en México actuaron con oportunidad.

“Estos abusos no solo fueron encubiertos, sino que contaron con la complicidad criminal de funcionarios que hicieron caso omiso de las denuncias”, acusó.

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