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La Cámara de Diputados se apresta a abrogar la
, emitida hace 103 años y que, aunque inoperante, aún hoy mantiene sanciones a los delitos de ataque a la “moral pública”, a la vida privada, a las “buenas costumbres o a la paz pública”.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Barrera, anunció hoy una agenda integral de
, que consiste en reformas a más de 12 ordenamientos legales para garantizar el derecho a informar.
En una primera etapa, se presentarán propuestas de enmiendas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , al Código Civil Federal en materia de daño moral, y la misma abrogación de la Ley de Imprenta, que data de 1917.
El objetivo es “hacer de México un país donde el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales no suponga un riesgo a la integridad de las personas”, dijo Barrera.
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La agenda cuenta con el apoyo de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano (MC), PT, entre otros, además del apoyo de organizaciones civiles, y se espera concretarla con votación en el pleno, en este periodo ordinario de sesiones.
La diputada de MC, Martha Tagle, dijo que a raíz de lo ocurrido con Aguayo está en el ánimo eliminar de las leyes cualquier vestigio que busque poner límites a la libertad de expresión “o, como ese caso, busque presionar a periodistas para que no ejerzan su trabajo, es el caso de la ley de imprenta que es bastante caduca”.
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La Comisión presentó los resultados del parlamento abierto sobre la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada en 2018, proceso que concluyó en la inviabilidad de crear esa nueva legislación.
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En cambio, acordó fortalecer la Ley vigente y para ello presentar cuatro paquetes de iniciativas en materia civil, penal, propaganda y transparencia y acceso a la información, integrados en la agenda integral de libertad de expresión, con impacto en más de 12 leyes.
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En el primer paquete se reformaría la ley ya existente, entre otras cosas para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar la suficiencia presupuestal para su funcionamiento.
En la presentación, organizaciones sociales y periodistas destacaron las deficiencias del Mecanismo, que no permitieron, por ejemplo, brindar protección y apoyo a Samir Flores, quien no fue reconocido como agente de la libertad de expresión o defensor de los derechos humanos, pese a su labor.
Flores fue asesinado hace un año, era Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko, además de abierto opositor a la Termoeléctrica de Huexca.
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