ONU exige no criminalizar la defensa de derechos

Tras determinar que el docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y a la educación, Damián Gallardo Martínez, fue víctima de agresiones por autoridades oaxaqueñas, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a México dejar de criminalizar la defensa de las garantías.

Ante ello, el organismo pidió a las autoridades mexicanas proporcionar a Gallardo Martínez y a sus familiares una reparación integral del daño causado, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del comité incluso en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca.

El Comité contra la Tortura de la ONU señaló que Gallardo Martínez es un defensor de los derechos humanos cuya labor fue atacada, resultando en su detención y tortura durante más de cinco años por un delito que no cometió.

Expuso que Gallardo Martínez, miembro del pueblo indígena ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había promovido la educación comunitaria en zonas indígenas de Oaxaca durante varios años y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca.

En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron sin orden judicial: “Estuvo arrestado e incomunicado en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación”.

Según Gallardo Martínez, los agentes amenazaron con violar a su hija y a su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres: “Gallardo Martínez fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión”, indicó el Comité contra la Tortura de la ONU.

Expuso que con base en esa confesión fue acusado de participar en el crimen organizado y en el secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México.

“Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público de la Federación finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018”, señaló.