La destinará 39.9 millones de pesos para desplegar a 279 promotoras y brigadistas en municipios con altos índices de , como parte de una estrategia nacional orientada a prevenir embarazos en niñas de entre 10 y 14 años y combatir las uniones forzadas.

Mediante un comunicado, precisó que los recursos provienen del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2026 y serán ejercidos por medio de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), a través del programa presupuestario Política de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con dicha dependencia, una primera convocatoria permitió asignar 25.4 millones de pesos con el objeto de contratar a 150 profesionistas —50 promotoras y 100 brigadistas— que trabajan en 50 municipios de 19 entidades de México. Después, en una segunda convocatoria, destinó 14.5 millones de pesos adicionales para incorporar a otras 129 profesionistas (43 promotoras y 86 brigadistas) en 43 municipios de 18 estados.

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279 brigadistas en 93 municipios de México

En total, la estrategia opera en 93 municipios del país mediante 279 promotoras y brigadistas que llevan a cabo trabajo directo en comunidades rurales, ejidos, rancherías y zonas costeras.

La Secretaría de las Mujeres señaló que la finalidad es atender las condiciones de exclusión, pobreza y marginación que enfrentan niñas y adolescentes, de forma específica en comunidades indígenas y afromexicanas, donde persisten factores asociados al embarazo infantil y las uniones tempranas.

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Las acciones incluyen visitas comunitarias, recorridos casa por casa, trabajo con personal docente y de salud, autoridades municipales y comunitarias, madres, padres y personas cuidadoras, así como actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes y a los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

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La dependencia indicó que la estrategia busca fortalecer la prevención del embarazo infantil y adolescente mediante acciones de sensibilización, acceso a información sobre derechos, promoción de educación sexual integral y vinculación con servicios de salud para la atención oportuna de casos de violencia sexual.

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También señaló que las intervenciones territoriales pretenden contribuir a modificar prácticas que favorecen las uniones tempranas y otras formas de violencia que afectan a niñas y adolescentes.

Destacó que las brigadistas y promotoras desarrollan sus actividades en localidades de difícil acceso para acercar información y servicios a comunidades donde históricamente ha existido menor presencia institucional.

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dft/bmc

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