Mantienen fuero para el Ejecutivo

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El Senado aprobó reformas constitucionales en materia de ampliación de los delitos por los cuales podrán ser imputados el Presidente de la República, senadores y diputados, en los que se incluyen corrupción, violaciones a la legislación electoral y al catálogo de delitos graves.

Las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Constitución, que fueron enviadas a la Cámara de Diputados, preservan el fuero para estos servidores públicos, aun cuando la iniciativa del Ejecutivo federal, en su exposición de motivos, refería terminar con esta figura.

El Presidente, en su primera iniciativa enviada al Senado, el 4 de diciembre, expuso que “la corrupción es la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos”, y señaló que “como consecuencia de ello, nos comprometemos a suprimir el fuero, acción que hoy se materializa con la presente iniciativa”.

Sin embargo, ayer en el debate de esta reforma, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT) dijo al pleno: “No estamos discutiendo la eliminación del fuero”. En el mismo sentido, Salomón Jara Cruz (Morena) explicó que “el fuero va a seguir cumpliendo su función protectora de instituciones, pero se ha ampliado el catálogo de delitos por los que se puede perseguir al Presidente”.

Al concluir la votación de 111 senadores a favor y uno en contra —de Emilio Álvarez Icaza, sin bancada—, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama (Morena), dijo que se trataba de la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales, en materia de ampliación de supuestos por los que se puede imputar al Presidente y a los legisladores.

Fue a propuesta de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, que fueron incluidos los senadores y diputados como sujetos de las responsabilidades por delitos graves, al igual que el Jefe del Ejecutivo federal.

“Vamos parejo todos: nosotros, los senadores, y los compañeros de la Cámara de Diputados, que no estamos en raseros distintos”, dijo.

El texto vigente establece que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

La ampliación de supuestos por los que se podría imputar y juzgar al Presidente y los legisladores federales, que aprobó el pleno senatorial, señala “traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales”.

Incluye el catálogo de delitos graves que figuran en el artículo 19: “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que esta reforma lo que consigue es “un blindaje del fuero”.

Por su parte, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), en un voto particular, expone que la reforma se basó sólo en la iniciativa de López Obrador, la cual “no elimina la figura del fuero, ni modifica el régimen de excepción jurídica del que goza el Presidente de la República”.

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC) dijo: “Esto no es eliminar el fuero, es una farsa”, y sostuvo que López Obrador de ningún modo se despoja del fuero, como ofreció en campaña, porque es impensable que la mayoría sume votos a los 87 necesarios para perseguirlo.

Nuvia Mayorga, del PRI, aseveró que su bancada está a favor del dictamen, porque “robustece el régimen de responsabilidades y rendición de cuentas del Ejecutivo, diputados y senadores, conforme al catálogo de delitos graves del artículo 19 constitucional”.

Subrayó que la reforma “no se refiere a eliminar el fuero, sino a ampliar el régimen de responsabilidades”.

Indira Rosales San Román (PAN), afirmó: “Esto no es eliminación del fuero”, la iniciativa presidencial, de diciembre pasado “pide ampliar el catálogo de delitos para abrir juicio de procedencia, lo que beneficia a la transparencia, al combate a la corrupción”.

Guadalupe Covarrubias Cervantes (Morena) dijo que el alcance de la reforma busca “ampliar la exigencia de la ciudadanía para que el Presidente responda por sus conductas”, y remarcó que esta propuesta se plantea cuando “el país exige su reconstrucción, la regeneración de la cultura política”.

Argumentó que “el recurso del fuero ha sido utilizado como escudo para atropellos, saqueos impunes que logran excepciones jurídicas inadmisibles en esta transformación”. Aseveró que “la época del abuso está por culminar, [además de que] el fuero no será impedimento para sustanciar procesos penales contra funcionarios públicos”.

En ese sentido, afirmó que “la declaración de procedencia debe mantenerse”, y reconoció que “el descontento popular exige ampliar delitos por los cuales sea imputado y juzgado tanto el Presidente de la República como los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión”.

Por su parte, Noé Fernando Castañón Ramírez (MC) dijo que el proyecto “no transforma el régimen de excepción de los servidores públicos, y no sirve para cumplir con los compromisos asumidos por el Presidente y su partido, en relación a eliminar el fuero y la inmunidad procesal”. Informó del voto a favor de su bancada, por la ampliación de responsabilidades.