16 | JUL | 2019
Llevan a tribunales de EU a cementera mexicana
El empresario Samuel Doria Medina, llamado en Bolivia Rey del cemento, inició la controversia por supuesto incumplimiento de contrato, la cual es atacada por el grupo mexicano en tribunales bolivianos. CORTESÍA

Llevan a tribunales de EU a cementera mexicana

20/05/2019
03:45
Ariadna García
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Grupo Cementos Chihuahua fue condenado a pagar 36 mdd; la empresa aclara que se mantiene controversia por fallo

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Samuel Doria Medina, tres veces candidato a la presidencia de Bolivia y uno de los empresarios más influyentes de ese país, ha demandado ante cortes de Estados Unidos a la empresa mexicana Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) indemnizaciones por al menos 36 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

Tras un arbitraje en Nueva York, que dio la razón al empresario, Cementos Chihuahua ha recurrido a la justicia boliviana para enfrentarlo en esa nación. “En Bolivia, en donde sabemos que es muy fácil comprar a los jueces y en donde yo soy un opositor al régimen”, indicó Doria Medina a EL UNIVERSAL.

GCC es una compañía que produce anualmente 5.8 millones de toneladas métricas de cemento, fue fundada en 1941 y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El también conocido como el Rey del cemento se asoció hace más de 10 años con GCC. En 2005, CIMSA, empresa de Doria Medina, y GCC hicieron un convenio para fijar responsabilidades y beneficios de su asociación, en éste impusieron limitaciones a la libre transferencia de acciones a terceros y en caso de que alguna de las partes decidiera vender, su primera opción de compra debería ser para su socio.

En 2011, GCC, de Federico Terrazas Becerra, da a conocer que pretende retirar sus acciones a Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. (Soboce), por lo que Doria Medina, presidente de CIMSA, notifica la intención de buscar financiamiento para adquirir los títulos.

GCC pactó, entonces, con CIMSA, la venta de 44% de sus acciones por 99.7 millones de dólares, pero la empresa mexicana desconoció la propuesta de compra de su socio boliviano y anunció que procedería de inmediato a la venta del paquete accionario de Soboce a otra compañía.

“Violaron el acuerdo y nos enteramos por la prensa que habían vendido a una empresa peruana; pedimos que se haga la conciliación que establecía el contrato y nos hicieron medidas dilatorias, nunca se llegó a una conciliación, venció el plazo de conciliación de seis meses, fuimos a arbitraje. El arbitraje que estaba pactado en el contrato que teníamos era un arbitraje con sede en Nueva York”, comentó Doria Medina. 

El veredicto falló en contra de GCC, empresa que, según el  boliviano, había aceptado pagar los 36 millones de dólares impuestos por el tribunal, para resarcir daños. 

“Llegaron a  Bolivia  y contrataron a abogados ligados al gobierno y empezaron a hacer juicios en contra del arbitraje que perdieron. Piden la anulación del fallo que se dio en Estados Unidos. La justicia  boliviana  no es justa, no es confiable. En este caso se han hecho una serie de arbitrariedades: fueron al Tribunal Constitucional, que es un Colegiado, y dos semanas antes de que cambiara el tribunal, lograron que un miembro de éste sacara un decreto Constitucional, una figura que no existe”, relató el empresario.

En Bolivia, Doria Medina es llamado por algunos el Rey del cemento. En la política es militante del partido Unidad Nacional, que se ha presentado como una opción de centro frente al régimen de Evo Morales. Este cementero ha incursionado en el sector privado y público. Fue ministro de Planeación y Coordinación durante el periodo 1991-1993.

Fue acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Desde 2017 no pudo salir del país hasta inicios de 2019, cuando se levantó la medida.

Sigue juicio. Consultado, al respecto, Grupo Cementos Chihuahua entregó copia del “evento relevante” que emitió a la Bolsa Mexicana de Valores en abril pasado, en el que advierte que continúa refutando la decisión de la autoridad estadounidense.

“Dicha resolución no reconoce los fallos anteriores de los tribunales bolivianos que consideran el laudo de responsabilidad nulo y a favor de GCC, y además ignora el hecho de que existe otro procedimiento de anulación en curso ante los tribunales de Bolivia que podrían anular definitivamente el laudo de daños”, explicó.

Dijo que tiene derecho a apelar la decisión dictada por el Juzgado de Distrito de Colorado en un plazo de 30 días: “GCC se encuentra evaluando los posibles cursos de acción en defensa de sus intereses. Adicionalmente, GCC continuará con los procesos de anulación en Bolivia, cuyo resultado podría implicar una reconsideración o revocación de la resolución del juez de Distrito de Colorado”, detalló.

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