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La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló que se deben fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema de Justicia Penal para alcanzar el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas
Así lo expresó la funcionaria durante su participación en el “5° Conversatorio de Alto Nivel. Relevancia de la Agenda 2030 en tiempos de Covid-19: Paz, justicia e instituciones para no dejar a nadie atrás”, donde dijo que el SNA debe pasar de la homologación de marcos legales a la implementación efectiva.
Con respecto al Sistema de Justicia Penal, la comisionada aseguró que es relevante garantizar su correcto funcionamiento para prevenir y erradicar la violencia en el país.
“El Estado mexicano debe asegurar lo que ya está planteado en la estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales”, refirió.
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Ibarra Cadena afirmó que el Objetivo 16 de la Agenda 2030 es habilitador del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en esta crisis sanitaria, no será posible superar la pobreza ni reactivar la economía sin afrontar las dimensiones de los derechos humanos presentes en la pandemia.
Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, afirmó que para fortalecer el SNA cada una de las instancias que lo integran deben cumplir con su función: la Secretaría de la Función Pública, fiscalizar el gasto y sancionar en materia administrativa; la Fiscalía Anticorrupción, investigar los delitos, y los Jueces, sancionarlos.
Salomé Flores Sierra, Oficial Nacional del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se refirió a algunas prioridades en la lucha contra la corrupción, entre las que destacó: monitorear y evaluar la política nacional anticorrupción.
“La lucha efectiva contra la corrupción y la reducción de la impunidad tiene un alto grado de responsabilidad desde el fortalecimiento de las instituciones. Tenemos que asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia Penal; hay que investigar y hay que sancionar”, refirió.
Gilles Rafael Lalú Molina, Director General de Percepción Internacional de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, señaló que la capacitación de los servidores públicos y su desarrollo profesional, ético e íntegro es fundamental en la fase preventiva del ciclo de corrupción.
El conversatorio fue convocado por la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED); la moderación estuvo a cargo de Gemma Santana Medina, directora de la Agenda 2030.
kl
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