En 2024, los mexicanos pagarán casi cuatro veces más por las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador que por lo que se invertirá por todo el Poder Judicial de la Federación.
En 2023, cuando el Poder Judicial de la Federación (PJF) obtuvo 77 mil 544 millones de pesos de presupuesto, ese monto le costó 1.73 pesos diarios a cada mexicano, mientras que para 2024, con los 84 mil 792 millones que están solicitando, el costo por persona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería de 1.78 pesos.
En contraste, las megaobras del Presidente costarán 318 mil 536 millones de pesos en 2024, lo que representa un costo per cápita de 6 pesos con 80 centavos diarios, prácticamente cuatro veces más del costo anual del PJF.
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Pese a ello, Morena y aliados en la Cámara de Diputados prevén recortar los recursos de las instituciones de impartición de justicia. Para la refinería Olmeca, la Secretaría de Energía recibirá 170 mil millones de pesos en 2024, más del doble de lo que pidió el PJF.
Para el Tren Maya se prevén recursos por 120 mil millones de pesos, que se usarán para la “etapa de ejecución”, pues de acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal iniciará operaciones en diciembre de 2023.
Para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se destinarán 20 mil 845 millones de pesos en 2024, y los trabajos serán ejecutados por la Secretaría de Marina.
Los trenes suburbanos recibirán más de 6 mil millones de pesos. Al México-Toluca se le invertirán 4 mil 191 millones de pesos en 2024, mientras que el Lechería Jaltocan-AIFA tendrá 2 mil millones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó mil 500 millones de pesos para la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cantidad que resulta superior en 71% a lo autorizado este año.
El constitucionalista Francisco Burgoa dijo al respecto: “No tiene nombre lo que quiere hacer el gobierno federal a través de sus legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado”. Explicó que la reducción al presupuesto del PJF, de manera específica la eliminación de 13 de 14 fideicomisos, no tiene ningún sustento.
“En mi opinión, se basa en la venganza de Morena porque no lo ha podido someter, porque la Suprema Corte ha defendido la Constitución, como le corresponde por ser el Máximo Tribunal judicial del país, y recortarle recursos es atentar contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación”, subrayó tajante.
Burgoa precisó que el hecho de que el presupuesto plantee que los mexicanos paguen cuatro veces más por las obras de López Obrador que por el sistema judicial, “demuestra que la impartición de justicia no le importa al Presidente ni a la mayoría de los legisladores de Morena, porque no quieren tener un Poder Judicial fuerte, autónomo e independiente que cumpla con sus facultades constitucionales de impartir justicia”.
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La politóloga Arlene Ramírez Uresti dijo que el Jefe del Ejecutivo federal y sus legisladores no entienden la prioridad de la población: “Lo que no se ha entendido es que estamos en una Federación y que hoy la prioridad no son los programas sociales en plena carrera político-electoral, sino que la prioridad tiene que ser la operación de los tres Poderes de la Unión para garantizar que en la transición haya Estado de derecho”, indicó.
Agregó que las prioridades del gobierno parece que “no están alineadas a las necesidades de la población” y muestra de ello es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone que cada mexicano pague 6.80 pesos diarios por las obras emblemáticas.
“Es muy lamentable ver la forma en la que se usan los recursos públicos. Es de destacar que este recorte al Poder Judicial no pega sólo a prestaciones y salarios, está la operatividad y las actividades del Poder Judicial, que sin duda este recorte repercute y merma la eficacia que ha tenido durante todo este tiempo”, sentenció.