Morelos y la paradoja feminicida

El escenario contemporáneo de seguridad en México puede analizarse, con las debidas reservas conceptuales, como un proceso de hibridación de la violencia en el que las fronteras tradicionales entre crimen organizado, terrorismo, insurgencia y amenazas a la seguridad nacional se vuelven progresivamente menos nítidas.

Organizaciones criminales que originalmente operaban bajo una racionalidad predominantemente económica han incorporado más capacidades con todo el apoyo de una cadena de corrupción institucional impulsando formas de violencia espectacular capaces de producir intimidación colectiva.

Mientras el Estado enfrenta al mismo tiempo una escalada en la violencia que no necesariamente procede de un mismo actor ni responde a una estrategia coordinada, pero que en conjunto deterioran su capacidad efectiva para garantizar seguridad, el escenario (geo)político social se complica rumbo a la elección intermedia del 2027.

La crisis reputacional de Morena y el régimen es incuestionable.

En todo este complejo contexto debe situarse también la persistencia de la violencia feminicida en estados sin ley y con vastos territorios controlados por la delincuencia organizada como sucede actualmente en Morelos.

Y no porque el feminicidio pueda equipararse analíticamente con una guerra híbrida o atribuirse automáticamente a los cárteles, sino porque constituye otra manifestación de la vulnerabilidad del entorno de seguridad y de las dificultades institucionales de un gobierno rebasado que danza en las llamas de la ineficacia e impunidad. Las cifras oficiales del SESNSP exhiben el horror al colocar a Morelos entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios.

La paradoja resulta difícil de ignorar y, acaso, más difícil de explicar políticamente. Morelos gobernado por primera vez en su historia por una mujer, se encuentra entre los estados donde ser mujer ya parece una actividad de alto riesgo donde lo verdaderamente seguro es el discurso oficial. La ironía es igualmente incómoda para el gobierno de Sheinbaum que ha colocado la perspectiva de género y el “llegamos todas”.

La contradicción adquiere un carácter casi mordaz; se rompió el techo de cristal en ambos Palacios, pero no el círculo de violencia que amenaza a las mujeres en las calles y centros de estudio.

Cuando los feminicidios persisten, la distancia entre el simbolismo político y la realidad cotidiana deja de ser una paradoja para convertirse en una pregunta inevitable sobre la eficacia del Estado. Son la evidencia de una crisis multidimensional de protección y capacidades estatales y federales. Y el problema se convierte en algo políticamente más perturbador. Dos gobiernos encabezados por mujeres no pueden refugiarse indefinidamente en la politiquería simbólica de ser encabezados por mujeres cuando otras mujeres están siendo asesinadas.

La fotografía institucional podrá ser histórica pero el simbolismo encuentra su límite.

Y el manto de impunidad exhibida por este gobierno que no palidece ante el torbellino de corrupción y escándalos deja ya de ser excepcional y se vuelve previsible.

El punto de inflexión social parece estar frente al pilar institucionalmente erosionado que, en lugar de contener la arquitectura de la violencia, termina apuntalándola.

El riesgo ya no se limita a la repetición de los crímenes, sino que alcanza la relación misma entre sociedad y Estado.

¿Cuánto tiempo puede acumularse esa presión antes de encontrar otra vía de escape?

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