Sección Instructora no es juez para hacer públicos testimonios contra García Cabeza de Vaca: Lozano

horacio.jimenez@eluniversal.com.mx

El vocero político del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Lozano acusó que al hacer públicas las audiencias en el caso de la solicitud de procedencia contra el mandatario tamaulipeco se viola el debido proceso, pues la Sección Instructora no es juez, ni el desafuero es un juicio.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Javier Lozano acusó un linchamiento mediático contra García Cabeza de Vaca y agregó que es una caja china para esconder la elección de Félix Salgado Macedonio.

“El efecto corruptor se hace presente. Violan el debido proceso. La Sección Instructora NO es juez ni el desafuero es juicio. A falta de sustancia, linchamiento mediático vs @fgcabezadevaca la víspera del proceso electoral. Caja china para esconder que #UnVioladorSiSeraGobernador”, posteó Javier Lozano.

Este viernes en la tarde-noche en una sesión privada, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó que a partir de este sábado se inicia el periodo para el ofrecimiento de pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca y las audiencias serán públicas.

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En esta sesión, los diputados recibieron también la respuesta del mandatario estatal sobre las acusaciones que hay en su contra, y por las cuales afirmó que son falsas.

A partir de este sábado se inicia el periodo de recepción de pruebas de 30 días, en el que el inculpado y el requirente, en este caso la Fiscalía General de la República (FGR), deberán entregar toda la información en este caso de solicitud de procedencia.

El pasado 24 de febrero, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República, solicitó el desafuero de García Cabeza de Vaca y lo acusa de tres delitos delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

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En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

lsm