El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, los fiscales y procuradores de los 32 estados del país acordaron hacer un exhorto a las dependencias gubernamentales para que presenten los datos de prueba o evidencias que sustenten sus denuncias .

Durante la 44 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia , celebrada de manera virtual este viernes, los fiscales y procuradores coincidieron en que al presentar las pruebas o evidencias, como lo marcan los artículos 215 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da una atención más expedita a las denuncias.

“Se acordó exhortar a las instituciones y autoridades denunciantes oficiales a cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 215 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y presentar los datos de prueba o evidencias que sustenten los hechos motivo de la denuncia con el fin de atenderlas de manera expedita”, informó el vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), Rubén Vasconcelos Méndez.

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Durante la Asamblea Plenaria, señaló el también fiscal de Oaxaca, se acordó de igual forma establecer un mecanismo de colaboración entre las partes involucradas, para mejorar las puestas a disposición de detenidos y la presentación del Informe Policial Homologado.

“Asimismo, las Fiscalías y Procuradurías del país participaremos, en la medida de nuestros recursos, en acciones de capacitación a los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno”, afirmó el fiscal oaxaqueño.

También, dijo, se analizará la emisión de lineamientos operativos para determinar los casos en que se deberá hacer un aseguramiento o custodia de bienes, la determinación de medidas de protección a víctimas del delito y el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS).

Respecto al tema de mejorar las prácticas en la investigación del delito de tortura, el vocero de la CNPJ mencionó que los fiscales y procuradores establecieron que, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, se realice un compendio de las mejores prácticas de actuación de las instancias de procuración de justicia para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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