La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2018 , correspondiente al último año del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto por diversas irregularidades que se encontraron, así como porque no se logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.

Con 31 votos a favor de Morena, PT, PES, MC, PRD y Verde; y uno en contra del PRI y una abstención del PAN, este órgano legislativo reprobó la Cuenta Pública del 2018 y fue enviada al pleno para su debate y discusión en los próximos días.

Cabe recordar que en octubre del 2019, los diputados federales también reprobaron las Cuentas Públicas del gobierno priista del 2015 y 2017 y este martes también rechazaron la del último año del sexenio pasado.

“En lo general, se estima que durante el ejercicio 2018 no se cumplieron los objetivos del desarrollo nacional ni se logró una mejoría significativa en la calidad de vida de los ciudadanos. La evolución sexenal de los indicadores de pobreza, desigualdad, competitividad, violencia, informalidad y precariedad laboral, así como el acceso a servicios públicos de calidad, apuntan a que el desempeño del gobierno federal no priorizó de manera efectiva el bienestar de la población”, define los resolutivos del dictamen.

En el dictamen se establece que los ingresos públicos presupuestarios ascendieron a 5,115,011.1 millones de pesos, cifra superior en 336,819.6 millones de pesos respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.

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El Gasto Público Neto ejercido fue de 5,611,559.1 millones de pesos, monto 6.3% superior al aprobado por la Cámara de Diputados que fue 5,279,667 millones de pesos y el gasto adicional y que fue ejercido más allá de la autorización legislativa llegó a 331,892 millones de pesos.

En el conjunto de los Ramos Administrativos el gasto realmente observado excedió en 16% lo aprobado por la Cámara de Diputados. Eso significó 163,769 millones de pesos.

Destaca que la Oficina de la Presidencia de la República registró una erogación de más del doble de lo aprobado; en vez de 1,797 millones de pesos, ejerció realmente 3,682 millones de pesos, por medio de transferencias recibidas durante el ejercicio, que representaron un incremento de casi 105%, “lo anterior ejemplificó el uso de amplios márgenes de decisiones discrecionales como característica de la gestión financiera de los recursos públicos”.

Critica una deficiente planeación y ejecución de los recursos asignados a la población damnificada por los sismos de 2017, las fallas en el registro de los afectados en las entidades afectadas, así como la opacidad con que el Fideicomiso Fuerza México recibió y asignó recursos provenientes de donaciones del extranjero.

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero, incluido en el Ramo 23, rebasó su monto originalmente aprobado en 2,537 millones de pesos para distribuir en realidad 50,172 millones de pesos durante su ejercicio de manera discrecional. Eso significa que distribuyeron libremente 47,634 millones de pesos.

Además, describe que la Auditoría Superior de la Federación practicó 1,807 auditorías a la Cuenta Pública 2018. A partir de éstas se determinaron 7,268 observaciones, que dieron lugar a 10,152 acciones.

Se destaca que el mayor número de irregularidades se identificó en el Gasto Federalizado y por su número éstas se concentraron en las entidades federativas de Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Estado de México y Jalisco, por lo cual se dará seguimiento a su solventación o sanción en los términos previstos en las leyes. Asimismo, los estados con mayor monto observado son Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Chihuahua.

“Considerando que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política del gasto, y que los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2018”, agrega el documento.

Además, se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2018, así como a remitir semestralmente a esta Cámara de Diputados, información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

Conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la aprobación del dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.

kl

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