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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no protege a ningún funcionario señalado por presuntos actos irregulares, luego de confirmar la remoción de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en medio de señalamientos públicos sobre su situación patrimonial y presuntos vínculos empresariales.
“No somos tapadera de nadie”, sostuvo al preguntarle sobre la salida del funcionario durante su conferencia matutina de ayer.
Subrayó que su administración actúa con honestidad y responsabilidad, y que cualquier señalamiento con sustento debe ser investigado por las instancias correspondientes.
La Presidenta fue cuestionada sobre versiones que apuntaban a la presunta revocación de la visa estadounidense de Alex Tonatiuh Márquez Hernández o a la existencia de una investigación abierta en su contra.
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Dijo que su gobierno no tiene conocimiento de estos señalamientos, pero confirmó que el funcionario ya no labora en la ANAM.
Respecto a los motivos de la remoción, dijo que fue una decisión interna tomada por el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones específicas que llevaron a esta decisión.
Al preguntarle si la salida de Márquez Hernández, quien era el responsable de investigar los casos de huachicol fiscal, si tenía relación con los diversos señalamientos sobre su patrimonio o con presuntas irregularidades en el combate al contrabando de combustible, Sheinbaum reiteró que en su gobierno hay mecanismos claros para atender este tipo de casos.
Indicó que en caso de haber señalamientos con sustento en materia administrativa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada de realizar las investigaciones, mientras que las denuncias de carácter penal son competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
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“Ahí donde hay señalamientos hay dos formas de revisión: una administrativa, que la lleva la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; si en su revisión encuentra que hay algún problema penal, lo denuncia directamente a la Fiscalía General de la República. Si hay una denuncia directa en la FGR, pues ellos tienen que investigarlo”, explicó.
Subrayó que Marín Mollinedo tomó la decisión de que Márquez Hernández “ya no continúe laborando con él”, aunque insistió en que, independientemente de su salida, cualquier denuncia que tenga sustento debe ser investigada.
Reiteró que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de imponer sanciones administrativas y, en caso de encontrar irregularidades graves, turnar los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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“Dentro del Sistema Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de hacer un número de sanciones determinado y, si no, se lleva al Tribunal Administrativo, en donde se hacen las sanciones mayores”, explicó.
Según una investigación publicada el 4 de agosto por EL UNIVERSAL, entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y de la empresa Aledo, S.A. de C.V. No obstante, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, monto que, según el análisis, resulta insuficiente para sostener su estilo de vida, entre ellos la posesión de relojes de lujo.
En documentos oficiales a los que se tuvo acceso, se detalla que entre 2019 y 2021 el funcionario recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos que no fueron declarados ante las autoridades fiscales.
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La investigación periodística destaca que los ingresos y gastos de Márquez Hernández son “insuficientes para sustentar su estilo de vida”.
Asimismo, se resalta que la empresa Aledo, S.A. de C.V., comparte el mismo domicilio fiscal que Heluan, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM.
A este grupo de altos funcionarios de Aduanas también se les identifica por recibir depósitos en efectivo por 5.5 millones de pesos, adquirir vehículos de lujo por 4 millones de pesos sin ingresos comprobables, realizar operaciones inmobiliarias por al menos 18 millones de pesos y omitir la declaración de ingresos por al menos 6 millones de pesos.
A estos señalamientos se suma una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló que el exfuncionario declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre el origen de sus recursos.
Fue el 6 de agosto cuando la Presidenta señaló que correspondía a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno definir si Márquez Hernández permanecería o sería separado del cargo, luego de los presuntos actos de corrupción revelados por El Gran Diario de México.
“Lo tiene que definir la Secretaría Anticorrupción. Ella, la secretaría nos va a decir (...) En estos casos, cuando puede haber una presunta situación de corrupción, entra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, declaró.
Incluso, el ahora exfuncionario fue señalado por presuntos actos de corrupción, según denuncias realizadas por empleados de la propia ANAM, y ha sido señalado por su posible implicación en el tráfico de combustible ilegal.
Dos años atrás, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que conocía las denuncias contra Márquez Hernández y afirmó que estaban siendo investigadas. En junio de 2023, en su conferencia matutina, el exmandatario aseguró que su gobierno actuaría ante cualquier irregularidad.
Posteriormente, el 3 de octubre, EL UNIVERSAL reveló que, en medio de las investigaciones por el huachicol fiscal, funcionarios de Aduanas falsificaron documentos para devolver mercancía ilegal a seis empresas con productos importados de China.
El titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, aseguró a El Gran Diario de México que la agencia ya dio de baja a los agentes involucrados, pero no reveló nombres ni el número de implicados por la secrecía de la indagatoria, al señalar que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Semanas después, dijo que los golpes al huachicol fiscal y al contrabando en general han permitido la recuperación de cerca de 200 mil millones de pesos este año, pero admite que no han podido acabar con la corrupción en el sistema aduanal.
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